{"id":31208,"date":"2025-09-17T12:41:03","date_gmt":"2025-09-17T15:41:03","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=31208"},"modified":"2025-09-17T12:41:03","modified_gmt":"2025-09-17T15:41:03","slug":"cuadernos-de-la-corrupcion-millones-propiedades-y-hasta-un-yate-para-evitar-la-carcel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=31208","title":{"rendered":"Cuadernos de la Corrupci\u00f3n: millones, propiedades y hasta un yate para evitar la c\u00e1rcel"},"content":{"rendered":"\n

En pocos d\u00edas, el Tribunal Oral Federal N\u00b07 (TOF 7) deber\u00e1 resolver una cuesti\u00f3n que podr\u00eda cambiar el rumbo del expediente conocido como la causa de Los Cuadernos de las coimas: aceptar o rechazar los ofrecimientos econ\u00f3micos de los imputados \u201carrepentidos\u201d que buscan extinguir la acci\u00f3n penal mediante la figura de la reparaci\u00f3n integral.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El dilema que enfrenta el tribunal es si acepta los millones de d\u00f3lares para compensar el da\u00f1o causado por un sistema de recaudaci\u00f3n ilegal que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, funcion\u00f3 durante m\u00e1s de una d\u00e9cada y erosion\u00f3 la confianza p\u00fablica en las instituciones.<\/p>\n\n\n\n

La lista a la que accedi\u00f3 este medio es extensa y abarca a casi 46 apellidos, muchos de los cuales hicieron ofertas realmente onerosas. Por ejemplo, \u00c1ngelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, est\u00e1 dispuesto a pagar m\u00e1s de un mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares. En rigor, las ofertas en sede judicial se realizan en pesos y fueron dolarizadas a tipo de cambio oficial para esta nota.<\/p>\n\n\n\n

El caso de Calcaterra es paradigm\u00e1tico. Al igual que el resto de los ejecutivos, est\u00e1 acusado de haber pagado sobornos para que le asignen irregularmente obras p\u00fablicas a su compa\u00f1\u00eda (IECSA). Sin embargo, sus abogados plantearon ante distintos tribunales que en realidad no fueron sobornos sino aportes de campa\u00f1a en \u201cnegro\u201d y por lo tanto deb\u00eda ser juzgado por un delito electoral y no por corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En junio del a\u00f1o pasado la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n hab\u00eda aceptado su planteo, pero el fallo fue fuertemente objetado y apelado por todas las partes. En noviembre del a\u00f1o pasado la propia Casaci\u00f3n volvi\u00f3 sobre sus pasos y revoc\u00f3 su fallo con lo que Calcaterra qued\u00f3 dentro del juicio oral.<\/p>\n\n\n\n

Ernesto Clarens, se\u00f1alado tambi\u00e9n como un financista vinculado a los negociados de L\u00e1zaro B\u00e1ez en el exterior, tambi\u00e9n se encuentra entre los imputados que hicieron los ofrecimientos m\u00e1s importantes para evitar una condena. En su caso, fue un departamento y un yate de lujo en Miami. Juntos, su cotizaci\u00f3n asciende casi al mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Aldo Roggio, ex titular de Roggio SA, tambi\u00e9n est\u00e1 acusado luego de aparecer en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Aparece nombrado en el cuaderno del a\u00f1o 2008. El 28 de mayo de aquel a\u00f1o, el chofer asent\u00f3 que fue a buscar al ex funcionario a la calle Tucum\u00e1n al 400. All\u00ed estaba Baratta con Rafael Llorens y Fabi\u00e1n Garc\u00eda Ram\u00f3n. \u201cSe hab\u00edan reunido con Roggio\u201d, se\u00f1alaba la anotaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Luego de ser imputado, declar\u00f3 como \u201carrepentido\u201d. Dijo que pag\u00f3 durante a\u00f1os al kirchnerismo el 5% del dinero que recib\u00eda como subsidios para su empresa Metrov\u00edas -exconcesionaria de los subtes.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, uno de los empresarios m\u00e1s importantes de la Argentina, nieto del fundador de la empresa que lleva su apellido, ofrece m\u00e1s de USD 1.200.000 para evitar enfrentar a los jueces en la audiencia oral que comenzar\u00e1 dentro de 48 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Otros casos sobresalen por la escasa suma que ofrecieron. Por ejemplo, el empresario Mario Marcuzzi est\u00e1 dispuesto a pagar $300 mil. Otros, como Hern\u00e1n G\u00f3mez, precisaron que est\u00e1n dispuestos a hacer una \u201cdonaci\u00f3n\u201d pero no dijeron de qu\u00e9 valor. Alberto Taselli, vinculado a empresas energ\u00e9ticas, constructoras mineras y ferrocarriles beneficiadas durante el kirchnerismo, quiere exonerarse de cargo a cambio de apenas USD 10 mil.<\/p>\n\n\n\n

La lista completa \u2013 qu\u00e9 montos ofrecieron<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mario Marcussi. Empresario. USD 203<\/p>\n\n\n\n

Carlos Rom\u00e1n. Due\u00f1o de Green. USD 1.823<\/p>\n\n\n\n

Carlos Arroyo. Socio de Green. USD 1.823<\/p>\n\n\n\n

Luis Armani. Due\u00f1o de Vialmani. USD 3.379<\/p>\n\n\n\n

Alberto Taselli. Empresario. USD 10.000<\/p>\n\n\n\n

Roberto Juan Orazi. Due\u00f1o de Hidraco. USD 92.178<\/p>\n\n\n\n

Rodolfo Armando Poblete. Ejecutivo de Hidrov\u00eda. USD 33.788<\/p>\n\n\n\n

Juan Jos\u00e9 Luciano. Socio de Luciano SA. USD 60.819<\/p>\n\n\n\n

Daniel Claudio Pit\u00f3n. Empresario. USD 93.119<\/p>\n\n\n\n

Armando Roberto Losan. Due\u00f1o de Albanesi y Bodega del Desierto. USD 122.473<\/p>\n\n\n\n

Adri\u00e1n y Mauricio Pascucci. Socios de la constructora Alquimaq. $133.000.00<\/p>\n\n\n\n

Patricio Gerbi. Presidente de Coarco. USD 139.699<\/p>\n\n\n\n

Miguel Marcelino Amzar. Presidente de Vial 3. USD 162.183<\/p>\n\n\n\n

Claudio Javier Glazman. Empresario. USD 206.904<\/p>\n\n\n\n

Ricardo Santiago Scuncia. Contador Grupo Roggio. USD 221.109<\/p>\n\n\n\n

Julio Jos\u00e9 Paulecci. USD 256.796<\/p>\n\n\n\n

Jorge Benolol. Empresario. USD 290.578<\/p>\n\n\n\n

Osvaldo Acosta. Due\u00f1o de Electroingenier\u00eda. USD 295.984<\/p>\n\n\n\n

Santiago Ram\u00f3n Altieri. Ejecutivo de Iecsa. USD 309.240<\/p>\n\n\n\n

Miguel \u00c1ngel Marconi. Socio de Supercemento. USD 342.612<\/p>\n\n\n\n

Rub\u00e9n Valent\u00ed y Enrique Pescarmona. Due\u00f1o de Industrias Metal\u00fargicas Pescarmona. USD 344.639<\/p>\n\n\n\n

Benjam\u00edn Gabriel Romero. Due\u00f1o de Hidrov\u00edas y Ferrov\u00edas. USD 344.840<\/p>\n\n\n\n

H\u00e9ctor Javier Caballero. Ex gerente general de IECSA. USD 460.641<\/p>\n\n\n\n

Mario L. Rovella. Socio de la constructora Rovella-Carranza. USD 494.542<\/p>\n\n\n\n

Gabriel Pedro Losi. Socio de Luis Losi SA. USD 557.630<\/p>\n\n\n\n

Juan Manuel Collazo. Ex directivo de Helport. USD 603.456<\/p>\n\n\n\n

Cristobal Manuel L\u00f3pez, Fabi\u00e1n De Sousa y Osvaldo De Sousa. Empresario. USD 683.029<\/p>\n\n\n\n

Ernesto Clarens. Financista. USD 1.500.000<\/p>\n\n\n\n

Angelo Calcaterra. Ex due\u00f1o de IECSA. USD 1.684.442<\/p>\n\n\n\n

Aldo Roggio. Ex presidente de grupo Roggio. USD 1.267.108<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9sar Arturo de Goycochea y Juan Carlos De Goycochea. Ejecutivos de Isolux Cors\u00e1n. USD 1.081.220<\/p>\n\n\n\n

Hugo Alberto Draggnotti. Due\u00f1o de Panedile. USD 960.391<\/p>\n\n\n\n

Oscar Abel Sansinena \u2013 Embargo m\u00e1s actualizaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Guillermo Escolar \u2013 Embargo m\u00e1s actualizaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Pablo Jos\u00e9 Guti\u00e9rrez \u2013 Embargo m\u00e1s actualizaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Jorge Juan Mauricio Balan \u2013 Embargo m\u00e1s actualizaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Cu\u00e1nto ofrecieron pagar los funcionarios acusados<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un grupo de funcionarios tambi\u00e9n intenta comprar su impunidad. Fabi\u00e1n Garc\u00eda Ram\u00f3n -ex director de Promoci\u00f3n de Energ\u00edas Renovables- ofreci\u00f3 casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares. El ex funcionario del Ministerio de Planificaci\u00f3n -se desempe\u00f1\u00f3 all\u00ed desde marzo de 2008 hasta noviembre de 2012- est\u00e1 acusado de presionar a empresas del rubro energ\u00e9tico para que contrataran el servicio de consultor\u00edas de una firma de su propiedad.<\/p>\n\n\n\n

Juan Manuel Abal Medina, quiz\u00e1s el m\u00e1s conocido de los exfuncionarios imputados, ofreci\u00f3 casi USD 40 mil. En el mismo sentido que algunos empresarios, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner reconoci\u00f3 haber recibido bolsos con dinero a modo de \u201caportes voluntarios de empresas y particulares\u201d para la campa\u00f1a electoral de 2013.<\/p>\n\n\n\n

Una audiencia clave antes del juicio<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La audiencia que abri\u00f3 este debate se celebr\u00f3 la semana pasada de manera virtual, convocada por el TOF 7, presidido por Enrique M\u00e9ndez Signori e integrado por Fernando Canero y Germ\u00e1n Castelli. Estuvieron presentes alrededor de 70 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, muchos de ellos en condici\u00f3n de arrepentidos.<\/p>\n\n\n\n

All\u00ed, casi medio centenar de defensores ratific\u00f3 los ofrecimientos econ\u00f3micos para cerrar el caso. En una audiencia celebrada este martes, las defensas de los acusados replicaron el dictamen de la fiscal federal Fabiana Le\u00f3n y de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que ya hab\u00edan rechazado la propuesta. Incluso, uno de los letrados, recuso a la fiscal, aunque el tribunal desestim\u00f3 el planteo.<\/p>\n\n\n\n

La controversia surge a menos de dos meses del inicio del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre. Fue un empresario quien pidi\u00f3 inicialmente explorar esta salida alternativa, y la fiscal Le\u00f3n, previendo que otros har\u00edan lo mismo, notific\u00f3 a todas las partes para que expresaran si quer\u00edan sumarse a una audiencia espec\u00edfica. Primero dio un plazo de 24 horas y luego el tribunal concedi\u00f3 cinco d\u00edas adicionales para que cada imputado definiera si ofrec\u00eda o no \u201creparar el da\u00f1o\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El rechazo de la fiscal\u00eda y de la UIF: \u201cNo vendemos impunidad\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tanto la fiscal como la UIF se manifestaron con firmeza contra la aceptaci\u00f3n de las reparaciones.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn esta fiscal\u00eda no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al da\u00f1o institucional que se ha causado. No es patrimonial, erosiona la confianza p\u00fablica y la legitimidad del Estado\u201d, dijo Le\u00f3n durante la audiencia, en un mensaje que marc\u00f3 a fuego la posici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

En la misma l\u00ednea, Mariano Galpern, titular de la Direcci\u00f3n de Litigios de la UIF, sostuvo: \u201cLa duraci\u00f3n del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acci\u00f3n. Exige m\u00e1s compromiso institucional. Admitir la reparaci\u00f3n integral ser\u00eda mercantilizar la corrupci\u00f3n, convirtiendo el proceso penal en un sistema de transacciones donde el poder adquisitivo reemplaza el principio de igualdad ante la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para la fiscal\u00eda, el instituto previsto en el art\u00edculo 59, inciso 6, del C\u00f3digo Penal no resulta aplicable a este caso porque el bien jur\u00eddico protegido es la probidad y la transparencia, bienes colectivos que no tienen una v\u00edctima concreta con la cual transar.<\/p>\n\n\n\n

Los argumentos de las defensas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Del otro lado, los abogados de los imputados remarcaron que la figura de la reparaci\u00f3n integral est\u00e1 prevista en la ley y que no implica impunidad. Los primeros en hablar fueron los defensores de Juan Orazi y Juan Mauricio Bal\u00e1n. \u201cNo se trata de un beneficio exclusivo para personas adineradas\u201d, se\u00f1alaron, sino de un mecanismo legal que depende de la capacidad de cada uno para justificar el origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n

La defensa de Miguel Marcelino Aznar se limit\u00f3 a ratificar lo ya presentado. Lo mismo hicieron los representantes de Ernesto Clarens, financista clave de la trama, y de los empresarios Crist\u00f3bal L\u00f3pez y Fabi\u00e1n de Sousa.<\/p>\n\n\n\n

Otros letrados, como Ignacio Olivar, apoderado de Carlos de Sousa, subrayaron que no existe ninguna limitaci\u00f3n normativa que restrinja la reparaci\u00f3n integral a ciertos delitos, y que la oposici\u00f3n de la fiscal\u00eda se dirige contra una figura regulada por ley. \u201cSu aplicaci\u00f3n no puede ser restricta\u201d, insistieron.<\/p>\n\n\n\n

Incluso, la defensa de Marcelo Marcuzzi fue m\u00e1s all\u00e1: acus\u00f3 a la fiscal\u00eda de perseguir \u00fanicamente a empresarios y de haber renunciado a investigar a funcionarios p\u00fablicos, lo que vulnerar\u00eda el principio de igualdad ante la ley. Por eso, pidieron el apartamiento de Le\u00f3n, aunque el tribunal rechaz\u00f3 \u201cin limine\u201d esa recusaci\u00f3n por falta de fundamentos.<\/p>\n\n\n\n

Una disputa que anticipa la decisi\u00f3n final<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El debate gir\u00f3 en torno a una tensi\u00f3n de fondo: si los imputados pueden acceder a un sobreseimiento mediante el pago de dinero antes del juicio oral, o si, por el contrario, el proceso debe continuar para que se juzguen los hechos en un debate p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Para la fiscal\u00eda, aceptar la reparaci\u00f3n equivaldr\u00eda a mercantilizar la corrupci\u00f3n y ponerle un precio al da\u00f1o institucional. Para las defensas, se trata de un mecanismo leg\u00edtimo que permite cerrar el expediente de manera ordenada y proporcional.<\/p>\n\n\n\n

Al cierre de la audiencia, el juez M\u00e9ndez Signori record\u00f3 que el tribunal pasar\u00e1 a deliberar y que la decisi\u00f3n ser\u00e1 comunicada en breve. Mientras tanto, la expectativa crece: el veredicto del TOF 7 definir\u00e1 si los m\u00e1s de 12 millones de d\u00f3lares ofrecidos por los imputados arrepentidos bastan para extinguir la acci\u00f3n penal, o si la causa de los cuadernos llegar\u00e1 finalmente al juicio oral m\u00e1s esperado de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Infobae<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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