{"id":35237,"date":"2026-01-06T07:25:46","date_gmt":"2026-01-06T10:25:46","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=35237"},"modified":"2026-01-06T07:25:46","modified_gmt":"2026-01-06T10:25:46","slug":"presentan-un-amparo-contra-el-desfinanciamiento-de-la-educacion-tecnico-profesional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=35237","title":{"rendered":"Presentan un amparo contra el desfinanciamiento de la educaci\u00f3n t\u00e9cnico profesional"},"content":{"rendered":"\n

Se trata del art\u00edculo del Presupuesto 2026 que derog\u00f3 el fondo nacional que sosten\u00eda a las Escuelas T\u00e9cnicas. En una iniciativa de estudiantes, familiares y docentes sostienen que la norma es inconstitucional.<\/p>\n\n\n\n

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Un grupo de estudiantes, familiares y docentes de Escuelas T\u00e9cnicas present\u00f3 una acci\u00f3n de amparo en la Justicia para intentar frenar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo del Presupuesto 2026 que desfinancia la educaci\u00f3n t\u00e9cnico profesional. Se trata del art\u00edculo que derog\u00f3, entre otros puntos, el fondo nacional que sosten\u00eda a las escuelas t\u00e9cnicas, y las familias buscan que el financiamiento sea restablecido al advertir que la modificaci\u00f3n prevista por el nuevo presupuesto de Javier Milei es inconstitucional.<\/p>\n\n\n\n

Fueron tres las modificaciones concretas contra el financiamiento educativo que estableci\u00f3 el Art\u00edculo N\u00b030 del presupuesto ya aprobado por ambas C\u00e1maras: elimin\u00f3 la meta de financiamiento del 6 por ciento del PBI fijada por la Ley de Educaci\u00f3n Nacional (LEN), derog\u00f3 los art\u00edculos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n que fijaban los par\u00e1metros de financiamiento para el \u00e1rea, y borr\u00f3 de un plumazo el Art\u00edculo N\u00b052 de la Ley de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional (ETP), art\u00edculo que establec\u00eda que el fondo para esa modalidad educativa deb\u00eda garantizar un m\u00ednimo del 0,2 por ciento del presupuesto destinado al Sector P\u00fablico Nacional para complementar los recursos que la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n ya asigna a otros programas de inversi\u00f3n en escuelas.<\/p>\n\n\n\n

Un golpe directo al sostenimiento de la formaci\u00f3n t\u00e9cnica, ubicado en un contexto generalizado de desfinanciamiento a la modalidad: \u201cEl recorte alcanza al 93 por ciento en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023. Se disponen s\u00f3lo 11 mil millones de pesos y no 322 mil millones, como establece el 0,2 por ciento que propone la ley de ETP\u201d, advierten el colectivo que present\u00f3 el amparo y agrega que \u201cest\u00e1 claro que a Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un pa\u00eds con producci\u00f3n nacional y por esto mismo tampoco tienen inter\u00e9s en tener un pa\u00eds con T\u00e9cnicos profesionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La acci\u00f3n fue presentada formalmente por dos estudiantes de escuelas t\u00e9cnicas acompa\u00f1ados por sus padres y en representaci\u00f3n de un colectivo mayor que, seg\u00fan indicaron a P\u00e1gina\/12 integrantes del grupo, est\u00e1 compuesto por familiares, estudiantes y docentes de distintas escuelas.<\/p>\n\n\n\n

Los amparistas advierten que son cinco los puntos que conforman la inconstitucionalidad del art\u00edculo. En primer lugar, subrayan que \u201cuna ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales\u201d, como lo es la ley de ETP: \u201cUsar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desv\u00edo del Poder Legislativo y una violaci\u00f3n al principio republicano\u201d, a\u00f1aden.<\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, sostienen que el art\u00edculo viola el derecho constitucional a la educaci\u00f3n, que \u201cpara ser real exige financiamiento suficiente, continuo y previsible\u201d. \u201cEliminar los pisos legales de inversi\u00f3n implica vaciar el derecho de contenido, transform\u00e1ndolo en una promesa formal sin sustento material\u201d, afirman y remarcan que, en un tercer punto, el nuevo presupuesto \u201cviola el principio de progresividad y la prohibici\u00f3n de regresividad\u201d, ya que \u201cderoga normas que garantizaban m\u00ednimos de inversi\u00f3n, eliminando protecciones ya consolidadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Es \u201cdiscriminatorio\u201d, alertan en cuarto lugar, al se\u00f1alar que \u201cel impacto del Art\u00edculo N\u00b030 no es igual para todos, quienes tienen recursos podr\u00e1n pagar educaci\u00f3n privada y, quienes no, quedar\u00e1n afuera\u201d. El quinto punto explica, por \u00faltimo, que la decisi\u00f3n \u201ccompromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial\u201d porque \u201cla educaci\u00f3n no es un derecho est\u00e1tico, sino un derecho en desarrollo y las trayectorias educativas no se pueden \u2018pausar\u2019 y retomar sin da\u00f1o\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El amparo qued\u00f3 radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N\u00b011 de la Ciudad de Buenos Aires y reclama la restituci\u00f3n de todo lo derogado por el Art\u00edculo N\u00b030, no s\u00f3lo en lo que ata\u00f1e a la educaci\u00f3n t\u00e9cnica sino a toda la educaci\u00f3n en general. El juzgado deber\u00e1 decidir, primero, si levanta la feria judicial para tratar el tema y luego fallar sobre la cautelar solicitada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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