{"id":38549,"date":"2026-03-26T12:44:14","date_gmt":"2026-03-26T15:44:14","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=38549"},"modified":"2026-03-26T12:44:14","modified_gmt":"2026-03-26T15:44:14","slug":"sobreseyeron-a-policias-acusados-de-sedicion-en-2013-tras-la-revuelta-que-dejo-muertos-y-saqueos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=38549","title":{"rendered":"Sobreseyeron a polic\u00edas acusados de sedici\u00f3n en 2013 tras la revuelta que dej\u00f3 muertos y saqueos"},"content":{"rendered":"\n

El Tribunal Oral Federal de Resistencia cerr\u00f3 la causa iniciada por el alzamiento policial de 2013. Pese a la gravedad de los hechos, con zonas liberadas, violencia y dos muertos, la Justicia consider\u00f3 que el paso del tiempo extingui\u00f3 la acci\u00f3n penal.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El Tribunal Oral Federal de Resistencia dict\u00f3 el sobreseimiento total de seis ex polic\u00edas acusados por el delito de sedici\u00f3n<\/strong>, al declarar extinguida la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n. La causa investigaba uno de los episodios m\u00e1s cr\u00edticos de la historia reciente del Chaco: la protesta policial de diciembre de 2013, que deriv\u00f3 en acuartelamientos, zonas liberadas, saqueos masivos y al menos dos muertes.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, a m\u00e1s de una d\u00e9cada de aquellos hechos, el tribunal concluy\u00f3 que ya no es posible avanzar hacia un juicio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un conflicto que dej\u00f3 al Chaco sin control<\/h2>\n\n\n\n

El origen del expediente remite a una de las crisis institucionales m\u00e1s graves que atraves\u00f3 la provincia. En diciembre de 2013, sectores de la Polic\u00eda del Chaco iniciaron una protesta salarial que incluy\u00f3 acuartelamientos y el abandono de funciones.<\/strong> El resultado fue inmediato: amplias zonas quedaron sin presencia policial.<\/p>\n\n\n\n

En ese contexto, se registraron al menos 30 saqueos, comercios cerrados, vecinos armados y enfrentamientos nocturnos en barrios con disparos. El saldo fue tr\u00e1gico: murieron Ricardo Romero y el subcomisario Cristian Vera<\/strong>. La protesta no solo reclamaba una fuerte recomposici\u00f3n salarial, sino tambi\u00e9n mejoras estructurales y garant\u00edas de no sanci\u00f3n por las medidas adoptadas.<\/p>\n\n\n\n

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Ese \u00faltimo punto es clave: los mismos efectivos que abandonaron sus funciones fueron luego investigados por sedici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n y el largo camino judicial<\/h2>\n\n\n\n

En la causa fueron imputados Juan Ram\u00f3n Cantero, Miguel \u00c1ngel Ram\u00edrez, Ricardo Omar Maciel, Carina Soledad Chas, Jorge Mario Duarte y Hermindo \u00c1ngel Ram\u00f3n Vivero,<\/strong>  todos acusados como autores del delito de sedici\u00f3n, previsto en el art\u00edculo 230 del C\u00f3digo Penal, con penas de hasta cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El expediente lleg\u00f3 al Tribunal Oral Federal reci\u00e9n en abril de 2023, casi diez a\u00f1os despu\u00e9s de los hechos. Esa demora termin\u00f3 siendo determinante.<\/p>\n\n\n\n

Durante la audiencia preliminar, la defensa, encabezada por el defensor oficial Juan Manuel Costilla y la abogada particular Elena Irraz\u00e1bal, solicit\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. El argumento fue t\u00e9cnico: desde la cesant\u00eda de los imputados en la fuerza policial hasta el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio (29 de marzo de 2023) hab\u00eda transcurrido un plazo superior al m\u00e1ximo de la pena prevista para el delito (cuatro a\u00f1os).<\/p>\n\n\n\n

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Las fechas fueron claves: la mayor\u00eda de los imputados fue cesanteada el 7 de abril de 2015, Jorge Duarte, el 29 de junio de 2017 y Carina Chas, el 3 de enero de 2019<\/p>\n\n\n\n

La postura del fiscal: “la gravedad importa”<\/h2>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico Fiscal se opuso al planteo. El fiscal general sostuvo que la gravedad institucional del caso y la condici\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos de los imputados deb\u00edan impedir la prescripci\u00f3n. Adem\u00e1s, argument\u00f3 que los acusados manten\u00edan su “estado policial” al momento de los hechos<\/strong> y que la suspensi\u00f3n de los plazos deb\u00eda mantenerse vigente. Pidi\u00f3, en consecuencia, que la causa avance a juicio oral.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n del Tribunal: la ley por sobre el impacto<\/h2>\n\n\n\n

El Tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano, rechaz\u00f3 la postura fiscal.<\/p>\n\n\n\n

En su resoluci\u00f3n fue categ\u00f3rico: el paso del tiempo extingui\u00f3 la acci\u00f3n penal. “El plazo transcurrido entre la cesant\u00eda de los imputados y el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio ha superado el lapso temporal correspondiente al m\u00e1ximo de la escala penal prevista para el delito por el cual fueron acusados. Asimismo, verificados los antecedentes penales de los encartados, no surge la comisi\u00f3n de otro delito que pudiera interrumpir el curso de la prescripci\u00f3n Tambi\u00e9n remarcaron que no hubo actos que interrumpieran la prescripci\u00f3n, como la comisi\u00f3n de nuevos delitos o instancias procesales clave”.<\/p>\n\n\n\n

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Y agregaron una definici\u00f3n central: “El hecho de que el caso haya adquirido relevancia medi\u00e1tica, o la gravedad de las circunstancias atribuidas, no constituye un valladar para la correcta aplicaci\u00f3n del derecho. En este sentido, corresponde resguardar las garant\u00edas derivadas del principio de legalidad (art. 18 C.N.) en favor de los imputados, a quienes no puede imput\u00e1rseles la falta de impulso del proceso”.<\/p>\n\n\n\n

El resultado: todos sobrese\u00eddos<\/h2>\n\n\n\n

El Tribunal explic\u00f3 que, en casos de delitos cometidos por funcionarios p\u00fablicos, la prescripci\u00f3n se suspende mientras estos permanecen en funciones. Pero en este caso, una vez producidas las cesant\u00edas, el plazo volvi\u00f3 a correr.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Con ese criterio, el Tribunal resolvi\u00f3 declarar extinguida la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, sobreseer total y definitivamente a los seis imputados y sin imposici\u00f3n de costas. Es decir, no habr\u00e1 juicio.<\/p>\n\n\n\n

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Error\u2026 y garant\u00edas<\/h2>\n\n\n\n

El Tribunal se ampara en el principio de legalidad y en las garant\u00edas constitucionales, como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Incluso lo deja expresado: a los imputados “no puede imput\u00e1rseles la falta de impulso del proceso”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Pero por otro lado, el resultado es dif\u00edcil de comprender en t\u00e9rminos sociales. Un conflicto que dej\u00f3 muertos, saqueos y una provincia desbordada queda sin juicio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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