El Estado argentino realizará este viernes un acto de reparación y disculpas por los femicidios de Florencia Albornoz y Analía Aros, un caso inédito que “sentará precedente”, señalaron familiares de las víctimas y sus representantes que en el 2020 elevaron el reclamo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas (ONU).
El acto se realizará el próximo viernes a las 11 en el predio de la exESMA.
Christian Berndt Castiglione, abogado fundador de la organización regional Justicia y Reparación, un equipo de litigio en derechos humanos que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo, dijo a Télam que representa “un símbolo, ya que la actitud del Estado argentino para con esta discusión que se generó en el Cedaw habla de una posición de mucha empatía y le da una señal relevante al mundo entero”.
Sobre el pedido de reparación por ambos femicidios, que fueron formulados contra el Estado argentino ante la ONU en 2020, indicó que se trata de “un caso único a nivel nacional, regional y mundial”.
Al elevar el reclamo -denominado “comunicación”- ante la Cedaw, “el Estado se allanó a nuestra comunicación, y eso se traduce en un acuerdo de solución amistosa”, por lo que se accedió a realizar una “reparación integral”, destacó el abogado.
Este tipo de resarcimiento “tiene la bondad de incorporar prestaciones diversas, no solo dinero, y ahí es donde la sociedad gana, porque las políticas públicas que se implementan van a beneficio de todos”, destacó Berndt Castiglione, que enumeró las capacitaciones para agentes del estado en la recepción de denuncias y la atención psicológica a familiares de víctimas entre las medidas reparatorias.
Florencia Albornoz tenía 22 años y dos hijos menores cuando fue asesinada en 2010 por su expareja y agente de la policía bonaerense Miguel Ángel Mazó, quien hizo uso de su arma reglamentaria para quitarle la vida, a pesar de que existía una restricción perimetral ya que la víctima había denunciado infructuosamente a su agresor durante dos años.
Mazó fue condenado a 18 años de prisión en 2012 y ese mismo año los familiares iniciaron una acción civil contra la provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños.
Analía Aros, de 36 años, fue asesinada en 2017 en Mar del Plata, dos días después de que, en el marco de una fuerte discusión y agresión por parte de su pareja Hugo Orlando Gutiérrez, radicara la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia. En ese momento, agentes policiales le comunicaron que la restricción de acercamiento demoraría 72 horas, perimetral que nunca llegó, ya que fue asesinada 48 horas después.
Si bien su asesino fue condenado a prisión perpetua, “es difícil saber que si hubiesen actuado a tiempo esto no hubiese sucedido”, manifestó su madre, Ana Soto.
Berndt Castiglione sostuvo que en ambos casos hay un común denominador porque “hay denuncias previas, que pueden ser una o varias, junto con la participación de agentes policiales, y es ahí donde el Estado falla”.
Después de ocurrido el femicidio, “cuando la familia necesita una respuesta del Estado, hay una revictimización que trae como consecuencia la vulneración de derechos humanos a través de la figura de denegación de justicia”, añadió.
Fernanda Albornoz, hermana de Florencia, contó que desde entonces lleva adelante un largo camino en nombre de su familia ya que un femicidio “es un hecho al que uno no está preparado para afrontar lo que conlleva”.
Cuando con su familia fue invitada a participar en las mesas de trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) comenzaron a conocer a otras familias que habían atravesado el mismo dolor, lo que dio como resultado la formación del colectivo Atravesados por el Femicidio para dar asesoramiento y contención a familiares que atraviesan un femicidio o son víctimas de violencia de género.
“Fue ahí dónde se contactó con nosotros el equipo de litigio en Derechos Humanos, Justicia y Reparación porque les gustaba nuestra agrupación. Desde ahí comenzamos un nuevo camino, siendo el caso de mi hermana el primer caso de femicidio en Argentina en llegar al Cedaw”, explicó.
De esta forma, en 2020 las organizaciones Atravesados por el Femicidio y Justicia y Reparación presentaron de manera inédita ante el Cedaw de la ONU el reclamo por los femicidio de Albornoz y Aros.
En estos casos, la demanda presentada es estructurada y construida en conjunto con las familias de las víctimas con respecto al relato, y se sustentan en toda la normativa internacional vigente ratificada por el Estado argentino, aseguró Berndt Castiglione.
“A partir de ese momento, el Estado argentino contestó que quería una solución amistosa para sentarnos a trabajar en conjunto con los distintos organismos”, indicó la hermana de la víctima.
Sobre la decisión del Estado de realizar una reparación integral, Albornoz espera que “marque un precedente para las demás causas de nuestro país”.
Asimismo, entre las medidas que se deberán llevar adelante, destacó el acuerdo para capacitar al personal de la fuerza de seguridad en materia de género.
“Con estas medidas espero que en Quilmes -municipio en el que sucedió el hecho- y en todo el país se vean reflejados los cambios para la eliminación de la violencia de género y femicidios”.
En tanto, Ana Soto señaló que “ha sido una lucha larga y se ha sufrido bastante” y resaltó que “es muy justo que nos den una disculpa”.
“Eso se necesitaba desde hace mucho tiempo, no sólo para nosotros, sino para todos, porque hay muchas victimas que están esperando que sean reconocidas”, agregó y expresó su deseo de que la medida “siente un precedente para las demás demás víctimas, que lo deben necesitar”.
Consultada sobre si esta decisión le permitirá darle un cierre al proceso judicial, Soto sostuvo que “judicialmente sí, después quedará lo que va a quedar para toda la vida, tanto a mí como madre como a sus hijos, familia y hermanos, esto no cierra acá”.
Finalmente, destacó la reparación en términos psicológicos para la familia y monetarios para “poder darle un lugar para vivir a mis nietas”.
Fuente: Télam