En el Salón Obligado de la Casa de Gobierno, el secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez, dio una conferencia de prensa para expresar la opinión del Ejecutivo provincial sobre la ley aprobada la semana pasada en la Legislatura que prohíbe que terceros sean intermediarios de ayudas sociales. “Es un tema que nos ocupa al Ejecutivo, el propio Gobernador y quien les habla hemos sido autores de un proyecto de ley de similares características. La prohibición de la intermediación es una cuestión que lo viene planteando este Gobierno desde que asumió“, comenzó explicando el funcionario.
En ese sentido, Gutiérrez señaló: “Unificar el sistema de becas y de todas las asignaciones sociales que hay que brindar a nuestra población en materia de salud y de necesidades básicas insatisfechas, en lo que tenga que ver con viviendas, nos parece muy bueno“.
“Todo lo que tiene que ver con la prohibición del intermediario y la definición de quién otorgue estos beneficios debe hacerse con criterios objetivos y de transparencia“, aclaró el funcionario provincial.
El secretario de Coordinación de Gabinete cuestionó a la gestión anterior y mencionó que “antes se los otorgaba muy libremente a determinadas personas; es como que se firmaba el convenio, pero el dinero no salía de las cuentas públicas y saltaba al bolsillo de los ‘Emerencianos’. No, acá había funcionarios responsables que ahora tratan de eludir sus responsabilidades con algunos discursos extraños”.
“El dinero salía de Desarrollo Social, de Economía, y ahora tratan de desligar responsabilidades. Toda la plata está hoy discutiéndose, incluso por lavado de dinero en un juzgado federal. Esa plata no llegó espontáneamente a los bolsillos de los delincuentes”, criticó.
Gutiérrez aclaró que “pretendemos que todo beneficio social tenga una contraprestación. Quiero decir que si alguien recibe un beneficio social, tiene que estudiar o tiene que aprender un oficio, o prepararse para el mundo laboral. Es la única forma de que esto no sea un dinero tirado”.
También destacó el artículo 12 de dicha ley que se refiere a prohibir la asignación de beneficios sociales a quienes hayan sido imputados de delito en algún grado de participación. “Esto no es un tema menor. Automáticamente perderán el beneficio. Creo que es una buena forma de darle el beneficio a quienes estén en el marco de la honestidad y no del delito”, lanzó Gutiérrez.
La ley, que fue aprobada con 16 votos a favor (el bloque de Juntos por el Cambio y con apoyo del CER dieron su voto positivo) establece un Marco Legal para la asignación de Beneficios Sociales otorgados por cualquier repartición del Sector Público Provincial.
También, prohíbe a terceros intermediarios , sea en carácter de representantes de organizaciones sociales, personas físicas o jurídicas de derecho público o privado, ajenas a las autoridades estatales que corresponda, a participar de los procesos de selección y asignación de los beneficios.
La norma elimina, además de manera progresiva, los beneficios sociales existentes a la fecha que requieran de manera indispensable terceros intermediarios, de los procesos de selección, certificación y asignación de los beneficios sociales. Se excluye, en tanto, a los beneficios o ayudas sociales que, por sus características, sean colectivos y de difícil o imposible individualización de los beneficiarios, pero que son esenciales para el mantenimiento del andamiaje social, como lo son, entre otros, los comedores o merenderos escolares o comunitarios.