Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la pequeña localidad de Taco Pozo, donde una compleja maniobra delictiva salió a la luz, revelando cómo se habría explotado el sistema de pensiones no contributivas (PNC) para beneficiar a políticos locales a expensas del erario público, según la investigación que encabeza el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad. La trama gira en torno a la presunta participación del intendente Carlos Ibáñez y el medico Marcos Rojas, antiguo Director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, entre otros imputados.
La investigación de Amad lleva varios meses y vuelve a estar en el foco por las auditorias anunciadas por el Gobierno nacional ya que, según manifestó el vocero presidencial Manuel Adorni,se estima que en un solo año se desviaron alrededor de 3.400 millones de dólares . Las sospechas apuntan a que, dentro del universo de 1.223.864 beneficiarios de pensiones por invalidez, cerca de medio millón serían fraudulentas.
En la provincia, precisamente en Taco Pozo, la investigación de Amad descubrió una operación presuntamente ilegal en la que se reclutaba a personas, quienes, a cambio de una suma de dinero, obtenían beneficios de una Pensión No Contributiva (PNC). El Ministerio Público Fiscal señala que los beneficiarios estaban en una lista manejada por la Municipalidad de Taco Pozo y debían apoyar a la gestión del intendente Ibáñez, quien lleva más de 20 años en el poder. Este esquema también involucró a varios directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, incluyendo al doctor Marcos Gustavo Rojas, quien fue Director del nosocomio hasta septiembre de 2019, y a Miguel Ángel Bilinski, su sucesor hasta febrero de 2023.
Ambos médicos para el fiscal jugaron un papel crucial en la emisión de los Certificados Médicos Oficiales (CMO), necesarios para el otorgamiento de las PNC. Rojas y Bilinski firmaron estos certificados que determinaban el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad, requisitos esenciales para el otorgamiento de las pensiones por parte del ANSES y el ANDIS.
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El proceso de verificación implicaba que ANSES revisara los datos del solicitante y realizara una evaluación social. La ANDIS, dirigida por Paula Martínez, se encargaba de validar si los médicos y hospitales estaban registrados en el sistema Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS) y en la Red Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Sin embargo, a pesar de estos controles, “el sistema falló en detectar irregularidades”, como el incremento inusual de 662 PNC en un solo año en una localidad pequeña como Taco Pozo.
Las investigaciones revelaron inicialmente que 17 beneficiarios confirmaron haber pagado por consultas en consultorios privados vinculados al Dr. Rojas y su red de médicos asociados.
Un hallazgo particularmente alarmante ocurrió durante un allanamiento en la casa de María Estela Luna, quien se encargaba de las cobranzas y trabajaba para el Dr. Rojas. Se encontraron tablets, celulares, un pendrive y numerosas historias clínicas en su residencia. Además, se descubrió que Luna, quien es también beneficiaria de una PNC, había arrojado documentos y cuadernos relacionados con el caso.
“Luna reconoció haber arrojado dichos cuadernos y documentos minutos antes (de un allanamiento), por temor a la llegada del personal policial, lo que da a entender su reconocimiento del obrar ilícito en el que estaba involucrada , de lo contrario no hubiera procedido de tal forma”, reconstruye el fiscal Amad en un requerimiento al que accedió Diario Chaco.
La causa tiene a 9 imputados por defraudación contra la administración pública, todos ellos con domicilio en Taco Pozo: Marcos Gustavo Rojas, Miguel Ángel Bilinski, Rafael Lenin Azañero Anaya, María Estela Luna, Florencia Carolina Angélica Jaimes, Yanina Del Valle Maza, Marcela Patricia Peralta, Carlos Antonio Ibáñez y Eva Caro.
Cabe recordar que la investigación comenzó con la denuncia de irregularidades en la tramitación de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad. Los informes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otros organismos públicos revelaron una red de corrupción que implicaba a médicos, bioquímicos, reclutadores, empleados municipales y administrativos, así como a funcionarios públicos.
De acuerdo a los datos recibidos por la fiscalía, entre 2022 y septiembre de 2023 se otorgaron 662 PNC en Taco Pozo, una cifra que, dada la población de 10.222 habitantes según el último censo, levantó sospechas de fraude.
Las indagatorias por parte de la Justicia comenzaron en agosto del año pasado, y tras las investigaciones, el fiscal Amad confirmó que se quitaron 740 pensiones que representaban alrededor de 1.000 millones de pesos al año.
“Esto me llamó mucho la atención porque eran muchas pensiones para un pueblo que tiene 9.000 habitantes; el 10% de su población era discapacitada. Yo pensé que el pueblo había entrado en guerra con otro pueblo y no nos enteramos por la cantidad de discapacitados“, había manifestado a este medio.
La causa liderara por el fiscal Amad está a la espera de informes para investigar a fondo casi 25.000 pensiones en las ciudades de Sáenz Peña, Charata, Pinedo, Villa Ángela, Machagai, Quitilipi, Tres Isletas, Villa Río Bermejito, La Tigra y Chorotis, entre otras.