Una denuncia presentada por Roberto Mazzoni en el Senado ha puesto en el centro de la controversia al empresario Alejandro Roemmers y al dirigente de River Plate, Matías Barreiro, al ser señalados como parte de una supuesta red de trata de personas. Aunque la denuncia, inicialmente archivada por el juez Ariel Lijo, no ha avanzado significativamente en los tribunales, el caso fue reabierto el 8 de julio para la presentación de testigos y pruebas.
Mazzoni acusó al juez Lijo de cerrar el expediente sin realizar las investigaciones necesarias. En respuesta, el equipo legal de Roemmers calificó las acusaciones como “difamación” y destacó la falta de pruebas concretas presentadas por Mazzoni. La abogada de Mazzoni, Karina Bacci, afirmó que, aunque se han solicitado múltiples pruebas, ninguna ha sido producida hasta ahora, y que la intervención en el Senado no ha tenido repercusión judicial.
El 8 de julio de 2024, la Cámara Federal revocó la decisión de Lijo de archivar la causa sin realizar las pruebas solicitadas por la víctima, ordenando que la investigación continúe. La Cámara consideró que la decisión del juez fue prematura y subrayó la existencia de denuncias similares que ameritan una investigación más profunda. La Asociación Madres Víctimas de Trata también presentó denuncias en el caso, citando conductas relacionadas y declaraciones de jóvenes que temen por su vida tras haber sido drogadas en fiestas donde habrían participado los acusados.
A pesar de la controversia, los abogados de Roemmers señalaron que la Cámara rechazó las solicitudes de nulidad del juicio y la remoción del fiscal y el juez por falta de imparcialidad. Alegan que Mazzoni ha intentado manipular el caso, ofreciendo dinero para obtener testimonios falsos y recurriendo a la presión mediática cuando estas maniobras fracasaron.
Según la denuncia, los acusados habrían utilizado su poder, dinero y drogas para someter a sus víctimas, organizando fiestas en un departamento de Palermo donde hombres y mujeres, incluidos menores de edad, eran prostituidos y drogados sin su consentimiento para ser abusados sexualmente. Mazzoni, quien se declaró una de las víctimas, inició una causa por abuso sexual.
A pesar de que la denuncia de Mazzoni data de 2022, fue solo en mayo de 2023 cuando se le aceptó como querellante. Su abogada explicó que tuvieron que solicitar un pronto despacho para obtener una respuesta, ya que inicialmente no se le daba ninguna respuesta sobre su estatus. Mazzoni ha denunciado que sus solicitudes de pruebas fueron ignoradas o recibieron respuestas vagas, lo que ha limitado el avance de la investigación.