El letrado indica que el traslado por la fuerza de la abogada es la consecuencia a una denuncia sobre violencia laboral. Se suman los repudios de vecinos, familiares e instituciones.
El escándalo institucional que involucra al Poder Judicial y en el cual se centra en el organismo que debe velar para cumplir con el debido proceso crece, y en la ebullición también aumentan las adhesiones para rechazar un proceder que hasta aquí deja entrever una serie de arbitrariedades que llevaron a internar por la fuerza en una sala con afecciones mentales a quien a priori no debería estarlo. G.C es una trabajadora del Poder Judicial se desempeña en una defensoría oficial y no hace mucho tiempo presentó una denuncia por supuesta violencia laboral contra sus superiores en la que agregó que los maltratos eran recurrentes en otras dependencias similares a partir de conocer testimonios de otros agentes de esas oficinas.
Hace ocho días la sacaron por la fuerza de su domicilio del barrio Provincias Unidas para internarla contra su voluntad en una dependencia de Salud Mental y ayer familiares, allegados y quienes la patrocinan se manifestaron en la sede del Ministerio Público de la Defensa para pedir no solo que deje que cese la internación compulsiva, sino que existan responsabilidades institucionales.
NORTE dialogó con vecinos y uno de los abogados que patrocina a G.C, José Weisten, que contó los pormenores de los acontecimientos y las diligencias que ya se efectuaron.
El foco está puesto en la actuación primero de la defensora Oficial General Alicia Alcalá y en paralelo a la de la jueza de Familia 4, Vilma Almirón, por lo que consideran un accionar ilegal. “Es una persona que está ubicada en tiempo y espacio, pero evidentemente a alguien molesta y la respuesta fue internarla”, considera Weisten.
Para ello, el abogado pidió la recusación de ambas en la causa, porque señala que no se trata de una casualidad que las pocas veces que se dan acciones de esta naturaleza, de avanzar con internaciones forzadas por pedido de la Defensoría General siempre está de turno la misma jueza que actúa para constatar la legalidad del procedimiento.
“La ley de Salud Mental es taxativa cuando marca que la internación es excepcional y como el último recurso y uno de los principios que debe darse tiene que ver con que la persona presente un peligro para sí y para terceros”, subraya el abogado.
Amistad manifesta es la figura por la cual se busca apartar no solo a Almirón, sino a toda la estructura de la Defensoría General en virtud no solo del proceder en este caso, sino que no está garantizado una mirada equilibrada a partir de la denuncia que hiciera G.C. En esa línea, expresó que en caso de comprobarse que existieron irregularidades con en este proceder varios integrantes de la Justicia quedan expuestos por su vinculación familiar. “Tiene que terminarse el nepotismo en la Justicia, Mariana Alcalá es secretaria letrada de la Defensoría General y Alicia Alcalá tiene una hija en la parte de Salud Mental”, agregó. El abogado aclaró que en razón de la falta de sustento médico, se espera una resolución favorable en el corto plazo a la solicitud para que abandone Salud Mental y haga un tratamiento ambulatorio.
ARBITRARIEDADES
Griselda es una de las excompañeras de la escuela secundaria de G.C. que participó en la manifestación de ayer y como todos los presentes rechazó lo que consideró como medidas arbitrarias la internación compulsiva. Por su parte, Alfredo, uno de los vecinos, remarcó que “algo se quería tapar” con la denuncia hecha por G.C. que advirtió que se vencían los plazos administrativos y ante ello la internaron de forma compulsiva.