Hasta ahora la intención parece ser que el hilo se corte por lo más delgado. La víctima del operativo continúa internada en el hospital.
El feroz allanamiento perpetrado la semana pasada en un domicilio del barrio Provincias Unidas, para internar por la fuerza a una mujer en la sala de salud mental del Hospital Perrando, tuvo ayer algunas novedades. Pero lo que todavía no sucede es que alguna autoridad superior se haga cargo de la manera en que fueron avasallados los derechos de G.C., la víctima del operativo. En los que sí se avanzó fue en la decisión de sumariar a los policías que participaron en el procedimiento. El lunes 7, una veintena de efectivos se desplegó alrededor de la casa, con una logística que parecía montada para hacer frente a un criminal de alta peligrosidad. Pero era para quitar por la fuerza de su vivienda a una mujer de 42 años, que estaba acompañada de su hermano y de un sobrino adolescente.
Para ingresar en la casa los uniformados reventaron el portón de acceso y, una vez dentro del domicilio, rompieron cuatro puertas más. G.C., aterrorizada, intentó huir por los techos vecinos. Fue atrapada y llevada al interior de una ambulancia, en una camilla y luego de que se le inyectara una droga sedante. Alrededor, sus vecinos intentaban defenderla e insultaban a los ejecutores del operativo.
LA FISCAL DIJO NO
Algo muy serio que ocurrió aquel lunes fue que cuando G.C. dejó en claro que no pensaba permitir que se la llevara por la fuerza al hospital (hasta allí la Policía le decía que era solo “para una evaluación”), los responsables del operativo se comunicaron con la fiscal de turno para solicitarle que autorizara el allanamiento de la casa. La fiscal expresamente dijo que no. Explicó que no había delito alguno que justificara ese proceder. Es lo que vino después de lo que nadie se hace cargo.
Una versión es que la Policía entonces llamó a la defensora general, Alicia Alcalá, que era quien había solicitado la “evaluación” psiquiátrica de G.C., quien es abogada y empleada de la Defensoría. G.C. había formulado una denuncia de violencia laboral. Según esa versión, Alcalá dio el visto bueno a seguir adelante.
Alcalá, sin embargo, afirma que la que decidió cómo cumplir con su oficio fue “la autoridad pública”. Incluso aseguró no haber visto ninguno de los videos que inundaron redes y medios, mostrando la brutalidad del operativo. En definitiva, le pasó la pelota a la Policía del Chaco, cuyo titular, Fernando Romero, consideró que el procedimiento se atuvo a los protocolos previstos en la Ley de Salud Mental.
Abogados que conocen la norma, consultados por NORTE, afirman que lo que sucedió no tiene absolutamente nada que ver con lo que esa normativa prevé. Anoche, G.C. continuaba en el hospital.s