La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado definitivamente toda posibilidad de cambiar la reforma judicial instaurada por el oficialismo, con el impulso de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia del Gobierno.
México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por voto popular. Se trata de miles de cargos judiciales de nivel federal y estatal.
Un proyecto de sentencia proponía limitar o aminorar la cantidad de cargos judiciales a elegir en las urnas, pero ha sido rechazado este martes en el pleno de la Corte. Esta decisión pone fin a meses de confrontación entre los jueces con Morena, que controla el Ejecutivo y domina arrolladoramente en el Congreso. La Suprema Corte requería de al menos ocho votos para aprobar el proyecto que limitaba la enmienda y ponía a salvo el futuro de miles de juzgadores. Sin embargo, el oficialismo contó con el apoyo in extremis del ministro Alberto Pérez Dayán, que esta vez no acompañó al bloque mayoritario. La resolución supone un asomo a lo desconocido. Alrededor de 1.700 cargos judiciales de nivel federal tendrán que ser votados en las urnas en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Serán electos jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial —de reciente creación— y ministros de la Suprema Corte.
Los 32 Estados que conforman la República también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales en dos comicios. Los mexicanos tendrán que decidir entre miles de candidatos a jueces en todas las materias de los tribunales, desde los más elementales de justicia familiar hasta los más especializados en lo mercantil o las telecomunicaciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE), que estará a cargo de organizar los inéditos y complejos comicios, ha presupuestado un gasto público de al menos 13.200 millones de pesos (unos 656 millones de dólares) solo para la elección del próximo año. La reforma judicial fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que la judicatura estaba ahogada por la corrupción y los privilegios y que era necesario renovarla de un plumazo.