Para el vocero presidencial Manuel Adorni, el escándalo de evasión que sacude a Andrés Vázquez, titular de la DGI, “es un tema del pasado”.
El gobierno de Javier Milei intentó minimizar este martes el escándalo de evasión fiscal que salpica al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por La Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó en su cotidiana conferencia de prensa desde casa Rosada que “no hay nada” que deba ser investigado.
Según afirmó Adorni, el gobierno libertario no le pidió explicaciones a Vázquez por sus sociedades offshore y departamentos en Miami que jamás declaró ni ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Recordemos que precisamente Vázquez es el encargado de recaudar impuestos y evitar casos de evasión como el que hoy lo involucran a él mismo. “No hay nada que nos resulte inconsistente”, dijo Adorni, y aseguró que si hubieran encontrado alguna irregularidad, hubieran apartado al funcionario.
El vocero presidencial limitó la responsabilidad de Vázquez a responder ante la Justicia, en el hipotético caso de que los tribunales le pidieran explicaciones. Adorni no desconoció sin embargo la existencia de las propiedades en Miami -las llamó “los famosos departamentos”- ni negó que sean de Vázquez.
“Si tiene que dar alguna explicación judicial, la dará”, dijo. Hasta ahora, el actual jefe de la DGI logró eludir a la Justicia. Según Adorni, Vázquez “ya fue sobreseído”.
Sin embargo, no hay constancia de que las sociedades en Panamá con las que Vázquez compró los inmuebles en Miami hayan sido objeto de una investigación judicial en la Argentina.
La causa judicial en la que Vázquez fue sobreseído por el juez Ariel Lijo giraba alrededor de una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por 442.113 dólares, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En aquella ocasión, Vázquez no informó al fisco argentino la existencia de esos activos y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas. Ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.