La principal productora avícola del país solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, con el objetivo de “reducir costos laborales” debido a “dificultades económicas que afectan la sostenibilidad”
La compañía, que produce 700.000 pollos diarios (20% de la producción nacional) y emplea a 7.000 personas en la Argentina y Uruguay, argumenta que enfrenta problemas de competitividad debido a un “tipo de cambio poco favorable” y una “elevada carga impositiva” en comparación con otros países productores, como Brasil. Las estadísticas de la producción avícola no coinciden con los lamentos de la empresa, ya que en 2024 el consumo de pollo superó por primera vez al de carne bovina en la Argentina (49,5 kg contra 48,5 kg por habitante) y Granja Tres Arroyos, que exporta a 60 países, aumentó sus ventas al exterior un 20% en volumen y un 26% en precio.
El PPC es una herramienta legal que permite a las empresas en crisis implementar medidas como despidos, modificaciones en las condiciones laborales o rebajas salariales para “afrontar dificultades económicas extremas”.
Manuel Troncoso, ministro de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, consideró que “No estamos viendo crisis. Ellos dicen que ven venir una crisis, pero los datos no nos muestran eso”.
A pesar de que las exportaciones del sector avícola crecieron un 20% en volumen y un 26% en valor entre enero y octubre de este año, según la Secretaría de Agricultura, Granja Tres Arroyos sostiene que estos avances “no compensan las pérdidas sufridas”, sumadas al aumento de “costos operativos”.
La solicitud de Granja Tres Arroyos afecta principalmente a la planta de Ezeiza, conocida como Wade 1, donde podrían producirse los despidos o ajustes salariales propuestos. Los trabajadores allí denuncian abandono y condiciones precarias en comparación con otras instalaciones de la empresa, como la de Capitán Sarmiento, que faena 230.000 pollos diarios con menos personal. Según los empleados, mientras otras plantas operan a plena capacidad, la de Ezeiza fue desatendida, lo que genera preocupación por posibles despidos masivos y reducciones salariales.
La situación se enmarca en un contexto más amplio donde otras empresas, como Vicentin y fabricantes de neumáticos como FATE y Bridgestone, también solicitaron procedimientos (PPC) similares, evidenciando una preocupación común en la industria respecto a los costos laborales y los desafíos para competir en mercados internacionales.
La situación de Granja Tres Arroyos refleja las tensiones actuales en la industria avícola argentina, donde las empresas buscan equilibrar la competitividad internacional con la precarización de los puestos de trabajo.
Tras los primeros 80 despidos a fines de enero, los trabajadores bloquearon las entradas de las plantas rechazando los intentos de reducción de personal y baja salarial. Tras una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, todos debieron ser reincorporados por 15 días. Pero el trámite del PPC y la amenaza de despidos se mantienen vigentes.