Después de las auditorías que llevó adelante la Agencia Nacional de Discapacidad, las personas damnificadas reclaman por una revisión de su situación.
Tres testimonios describen el difícil momento que atraviesan las personas con discapacidad de El Impenetrable chaqueño luego de que la Agencia Nacional Andis suspendió pensiones. De acuerdo con esas fuentes las situaciones se fueron agravando en el último mes como consecuencia de las auditorías nacionales para controlar que los certificados se hayan otorgado correctamente. Las personas que aportaron información en la región del noroeste provincial pidieron a NORTE que se preserve su identidad para no tener inconvenientes futuros; por lo que se usarán seudónimos.
María vive en Juan José Castelli y su hermano Juan tiene una discapacidad motora, que lo afecta de manera parcial después de sufrir una cirugía de consideración. Ella asegura que hace un mes Juan dejó de percibir la pensión que le acreditaban pese a haber presentado su historia clínica en una auditoría anterior de la Andis. “Llevó los papeles que tenía, pero le dijeron que tenía actualizarlos por completo”, detalló.
Una segunda persona, que colabora en un comedor comunitario, compartió el caso de una mujer que almorzó ahí después de una de las auditorías que se realizaban en Juan José Castelli. La exbeneficiaria venía de formar fila para reclamar por el cese de su pensión; pero, después de esperar la mayor parte de la mañana, la persona que atendía le respondió que ahí no correspondía que haga el reclamo.
Ese día atendían únicamente a las personas que seguían percibiendo su pensión. La voluntaria del comedor escuchó también el malestar de la mujer porque durante las horas de espera le negaron el uso del baño en una institución pública.
La tercera voz consultada por NORTE trabaja con comunidades indígenas y contó que en El Sauzalito se asegura que ya serían 80 las personas con discapacidad que perdieron el beneficio, mientras que otras mil habrían dejado de cobrar su pensión por discapacidad en J. J. Castelli.
Como los estudios no se están realizando en el hospital por falta de recursos, sostiene que en forma particular exige pagar cerca de $90.000 a un especialista, más $30.000 para un electrocardiograma y otros $25.0000 para análisis. “Si no cobraron y hay otras cuentas antes, no tienen para pagarle a un médico, ¿a dónde van a ir?”, pregunta.