Reforma laboral: punto por punto, cómo quedó el proyecto que impulsa Javier Milei
El Senado aprobó con media sanción la reforma laboral impulsada por el Gobierno, un proyecto que introduce cambios en convenios por empresa, indemnizaciones, vacaciones, banco de horas, licencias por enfermedad y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral. Todos los detalles en la nota.
El Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, una iniciativa que propone cambios estructurales en la regulación del trabajo formal y que ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados. El oficialismo presentó el proyecto como una “modernización” del sistema vigente para dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad, mientras que sectores sindicales y parte de la oposición advirtieron sobre posibles retrocesos en derechos laborales.
La aprobación se produjo tras una jornada marcada por negociaciones intensas y ajustes de último momento en el texto legislativo, en un contexto de fuerte presión política y gremial. Con las modificaciones acordadas, el oficialismo logró consolidar los apoyos necesarios para alcanzar la media sanción en la Cámara alta.
Cambios centrales del proyecto
Uno de los ejes más debatidos fue la habilitación de convenios colectivos por empresa. La medida permite que las condiciones laborales puedan negociarse a nivel individual entre compañías y trabajadores o sindicatos de base, incluso por encima de acuerdos sectoriales tradicionales. Para el Gobierno, esta herramienta facilitará una mayor adaptación a las realidades productivas; sin embargo, gremios y legisladores opositores alertaron que podría fragmentar la negociación colectiva y debilitar el poder sindical.
Otro punto clave es la fijación de un tope para las indemnizaciones por despido, basado en el salario promedio registrado. El Ejecutivo argumenta que esta modificación busca brindar previsibilidad a los empleadores y fomentar la contratación formal, mientras que sectores críticos consideran que podría reducir la protección frente a cesantías arbitrarias.
La iniciativa también incorpora la creación de un “banco de horas”, un mecanismo que permite compensar jornadas laborales con mayor carga en determinados períodos con menos horas trabajadas en otros momentos, evitando el pago automático de horas extras. La propuesta apunta especialmente a actividades con picos estacionales o variaciones productivas.
Además, el proyecto introduce cambios en los períodos de prueba, ajustes en el régimen de multas por empleo no registrado y nuevas modalidades de registración laboral. Desde el oficialismo sostienen que estas medidas buscan reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo; en contraste, la oposición advirtió sobre posibles riesgos de precarización.
El texto aprobado también incluye modificaciones en el régimen de vacaciones. Se establece que el período anual deberá otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque podrá acordarse otra fecha por mutuo consentimiento entre trabajador y empleador. La notificación deberá realizarse con al menos 30 días de anticipación y se habilita el fraccionamiento del descanso en tramos no menores a siete días corridos. Asimismo, si las vacaciones se organizan por turnos o grupos, cada trabajador deberá acceder al menos una vez cada tres años a su descanso durante la temporada de verano.
Otro instrumento incorporado es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a garantizar el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados con al menos un año de antigüedad. El fondo se financia con aportes mensuales del empleador a cuentas específicas administradas por entidades habilitadas y no reemplaza el régimen indemnizatorio general. En caso de insuficiencia de recursos, la responsabilidad final del pago continúa siendo del empleador.
Negociaciones y modificaciones de último momento
Para asegurar respaldos parlamentarios, el Gobierno revisó varios artículos del dictamen original. Entre los cambios más relevantes se incluyó la preservación de la obligatoriedad de los aportes a sindicatos y cámaras empresarias, con topes más bajos que los previstos inicialmente y sin avanzar hacia un esquema voluntario en 2028.
También se reformuló el régimen de remuneraciones por enfermedad o accidente laboral, estableciendo compensaciones que van del 50% al 75% del salario durante períodos de entre tres y seis meses, según cada caso. Se sumó además la posibilidad de intervención de una Junta Médica cuando existan discrepancias entre las certificaciones de incapacidad presentadas por trabajador y empleador.