El abogado de Emerenciano Sena cuestionó el pedido oficial para enviarlos a cárceles federales y sostuvo que el fallo es “claro y expreso” al ordenar que la condena se cumpla en el sistema provincial. Acusó al Ejecutivo de “hacer política de Estado con la causa”.
16 de Febrero, 2026
El pedido del Gobierno del Chaco para trasladar a Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena a cárceles federales abrió un nuevo frente de conflicto judicial en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Mientras el Ejecutivo provincial argumenta razones de seguridad y “alto perfil” de los condenados, la defensa reaccionó con dureza y anticipó medidas legales si se concreta el traslado.
El abogado Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, cuestionó públicamente la iniciativa impulsada por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y sostuvo que el fallo dictado por la jueza Dolly Fernández es contundente respecto del lugar de cumplimiento de la pena.
“El fallo es claro y expreso: la pena se debe cumplir en cárceles provinciales, no en cárceles federales en ningún lado dice”, afirmó Osuna, visiblemente molesto por el anuncio oficial.
“Siguen haciendo política de Estado con la causa”
El Gobierno provincial formalizó ante el Servicio Penitenciario Federal un pedido de cupo para alojar a los tres condenados a prisión perpetua, fundamentando la solicitud en la gravedad institucional del caso, su repercusión pública y antecedentes vinculados a investigaciones federales.
Para la defensa, sin embargo, la movida desoye lo resuelto en la sentencia. “Siguen insistiendo con el traslado a cárceles federales, hablan de gente peligrosa y dicen un montón de barbaridades cuando ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la sentencia“, disparó Osuna.
El letrado fue más allá y acusó al Ejecutivo de utilizar el expediente con fines políticos. “Siguen haciendo política de Estado con la causa, porque eso es lo que están haciendo. Si la jueza es la que decide el cumplimiento, no pueden hacer lo que ellos quieren”, sostuvo.
La sentencia estableció expresamente que los tres condenados permanezcan alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y que no puedan ser trasladados sin autorización judicial.
Advertencia de hábeas corpus
Osuna anticipó que, en caso de que se avance con un traslado sin aval judicial, la defensa no permanecerá pasiva.”En caso de que llegue a suceder algo contrario al fallo, vamos a presentar un hábeas corpus preventivo o correctivo si ordenan el traslado”, advirtió.
El abogado remarcó que hasta el momento no realizaron ninguna presentación específica porque “no da pie” frente a una sentencia que considera inequívoca en su redacción.
El planteo del Ejecutivo ahora quedó en manos del Servicio Penitenciario Federal y, eventualmente, de la Justicia, ya que cualquier modificación en el lugar de detención requeriría autorización judicial expresa.