El gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barros Cima, encabezó una conferencia de prensa para brindar “explicaciones y aclaraciones” sobre la polémica con el Municipio de Sáenz Peña y aseguró que la entidad atraviesa una situación de solidez institucional, patrimonial y operativa.

Queremos transmitir tranquilidad a nuestros clientes, inversores y socios”, afirmó al iniciar su exposición, donde destacó la trayectoria de la institución y su posicionamiento en el mercado de capitales.
Respaldo institucional y crecimiento sostenido
Barros Cima remarcó que la Bolsa es una asociación civil sin fines de lucro integrada por empresarios de distintos sectores de la provincia, con un perfil “100% privado” y con el 99,99% de sus clientes pertenecientes al sector privado.
En ese marco, subrayó que la entidad cuenta con matrículas otorgadas por la Comisión Nacional de Valores como agente de liquidación y compensación, distribuidor y colocador integral de fondos comunes de inversión y entidad representativa regional. Además, opera en los principales mercados del país, entre ellos BYMA, Mercado Argentino de Valores y A3 Mercados.
Según detalló, la Bolsa asistió con más de 180.000 millones de pesos a empresas del sector privado provincial y consolidó una red comercial de más de 160 asesores financieros, con presencia en todo el país. Actualmente cuenta con más de 5.600 clientes en cartera.
Asimismo, anunció que en los próximos días lanzarán una nueva aplicación de inversiones que incluirá billetera virtual, pagos con QR y transferencias desde la cuenta comitente, lo que calificó como “una novedad tremenda para el sistema financiero provincial y regional”.
Operatorias no garantizadas y nivel de exposición
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue la operatoria no garantizada, mencionada en el caso que involucra a la Bolsa con el Municipio de Sáenz Peña. El gerente explicó que se trata de un segmento habilitado dentro del mercado, donde el riesgo de crédito lo asume el inversor que adquiere el instrumento emitido por una empresa.
“Son operaciones no garantizadas, como su nombre lo indica. A mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada”, señaló, al tiempo que comparó el rendimiento de estos instrumentos con el de un plazo fijo tradicional, indicando que ofrecen tasas superiores justamente por el mayor riesgo asumido.
Barros Cima precisó que este tipo de operaciones representa un porcentaje reducido dentro de la cartera total de clientes: solo 50 inversores operan en ese segmento sobre un total de 5.600. Además, indicó que únicamente cuatro clientes realizaron reclamos formales vinculados a esta operatoria.
En cuanto al resguardo de las inversiones, afirmó que todas se encuentran custodiadas en Caja de Valores S.A., el principal agente de custodia del país.
Caso Sáenz Peña
Finalmente, el gerente hizo referencia a la situación vinculada a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Explicó que la cuenta comitente del municipio era administrada por un profesional autorizado por la propia comuna, quien además se desempeñaba como secretario de Gobierno y contaba —según indicó— con certificación como asesor financiero.
“Es la persona idónea que administra la cuenta y decide en qué instrumentos invertir. La Bolsa se limitaba a gestionar las instrucciones como intermediario ante el mercado”, sostuvo.
También aclaró que el municipio operaba instrumentos no garantizados desde 2023 y que toda la documentación correspondiente se encuentra a disposición de la Justicia.
Barros Cima concluyó remarcando que la solidez económica y financiera de la institución es resultado de un “crecimiento ininterrumpido desde el inicio de sus operaciones” y reiteró el mensaje de tranquilidad hacia inversores y clientes.
