El gerente de la Bolsa pidió seguir en libertad y se presentó ante la Fiscalía para “demostrar su inocencia”

Julio Barrios Cima compareció de manera espontánea ante la Justicia en medio del conflicto por los $1.890 millones que reclama el Municipio de Sáenz Peña. Designó abogado defensor y solicitó que se mantenga su libertad durante la investigación.

El gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, se presentó de forma espontánea ante la Fiscalía Federal de Resistencia y pidió continuar en libertad mientras avanza la investigación vinculada al millonario conflicto con la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La presentación fue dirigida al fiscal federal Patricio Sabadini, ante quien el directivo manifestó su voluntad de “estar a derecho”, designó como defensor al abogado Adrián Maximiliano Gaitán y solicitó que no se adopten medidas restrictivas en su contra.

“Me presento ante esta fiscalía a los fines de estar a derecho, designando abogado defensor (…) solicitando se mantenga mi libertad en el proceso, toda vez que soy una persona conocida, tengo domicilio fijo, carezco de antecedentes penales, con lo cual es mi intención poder demostrar mi inocencia”, expresó en el escrito.

Barrios Cima aseguró además que no tiene “nada para ocultar” y sostuvo que sus actuaciones como gerente general “siempre han sido en forma legal y honesta, con total diligencia e idoneidad”.

El trasfondo: embargo millonario y depósito anticipado

La comparecencia del gerente se produjo en paralelo a un dato clave: la entidad bursátil informó el depósito de $1.890.691.105,07 a disposición de la Justicia, en cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por el juez correccional Carlos de Césare.

Ese embargo fue ordenado en el marco de una acción de amparo impulsada por el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, quien denunció presuntas operatorias financieras realizadas sin autorización expresa del Ejecutivo municipal y apartadas del perfil conservador que debía regir las inversiones de fondos públicos.

Según informó la Bolsa, el depósito se concretó incluso antes de recibir formalmente el oficio judicial. En un comunicado, la institución sostuvo que la medida es “infundada, arbitraria e injusta”, cuestionó la competencia del magistrado y anticipó que promoverá “todas las acciones y recursos procesales necesarios” para revertir la resolución.

No obstante, el giro efectivo del dinero —que la entidad afirma proviene de su patrimonio institucional y no de las tenencias de inversores— implica en los hechos que los fondos quedaron bajo resguardo judicial mientras se discute el fondo de la controversia.

La discusión de fondo y el frente penal

El expediente tiene doble carril. Por un lado, la vía cautelar civil que derivó en el embargo preventivo; por otro, la investigación penal iniciada tras la denuncia impulsada por el abogado Víctor Ruiz Díaz, quien representa a un grupo de inversores que se consideran perjudicados.

La Municipalidad sostiene que las colocaciones financieras realizadas con fondos públicos no respetaron el perfil de bajo riesgo autorizado y que existirían indicios “prima facie” de maniobras irregulares. La defensa de la Bolsa, en cambio, afirma que el monto reclamado por la comuna sería significativamente superior al que reconoce como obligación, que ubica en torno a los $505 millones, y califica la cautelar como “excesiva”.

En este contexto, la presentación de Barrios Cima ante la Fiscalía Federal busca despejar eventuales sospechas personales y anticiparse a posibles pedidos de coerción procesal. El gerente dejó sentado que carece de antecedentes, tiene domicilio fijo y voluntad de someterse al proceso.