La denominada “ley de modernización laboral” quedó oficialmente reglamentada este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial a través del Decreto 137/2026, por lo que las nuevas disposiciones comenzaron a regir en todo el país desde este 6 de marzo.
La normativa había sido aprobada por el Congreso y fue promulgada con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La reforma introduce modificaciones en el sistema de indemnizaciones, nuevas reglas sobre salarios y vacaciones, además de cambios en el funcionamiento y regulación de los sindicatos, en lo que el Gobierno define como un proceso de modernización del mercado laboral argentino.
Qué establece la nueva normativa
Según el texto oficial, la ley establece que su aplicación dependerá de que las disposiciones sean compatibles con la actividad y el régimen jurídico de cada sector. Además, define una serie de casos en los que no se aplicará la normativa.
Entre ellos se encuentran:
- Empleados de la administración pública nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, salvo que sean incluidos expresamente.
- Trabajadores de casas particulares, excepto en los puntos que la ley específica del sector determine.
- Trabajadores agrarios, aunque algunas disposiciones podrán aplicarse de manera supletoria si resultan compatibles con el régimen del sector.
- Contratos civiles o comerciales, como obra, servicios, transporte o agencia regulados por el Código Civil y Comercial.
- Trabajadores independientes y colaboradores, según lo establecido en la Ley de Bases.
- Prestadores de plataformas tecnológicas con regulación específica.
- Personal embarcado bajo la Ley de Navegación.
- Personas privadas de libertad que realizan tareas en contextos de encierro.
- Cambios en el mercado laboral
Con esta reglamentación, el Gobierno busca avanzar en una reconfiguración del esquema laboral argentino, con el objetivo de flexibilizar algunas normas vigentes y establecer nuevas reglas en materia de contratación, remuneraciones y organización sindical.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a modernizar las relaciones laborales y promover el empleo formal, mientras que distintos sectores sindicales y políticos ya anticiparon debates sobre su impacto en los derechos laborales.
La implementación de la normativa comenzará a desarrollarse en las próximas semanas a medida que se reglamenten los distintos aspectos técnicos y operativos que contempla la ley.