El gobierno de Javier Milei ya despidió a cerca de 70 mil trabajadores estatales y ahora prepara un nuevo proyecto de ley que le permita seguir pasando la motosierra.
El presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aceitan por estas horas la motosierra libertaria y preparan una nueva batería de cierres de organismos públicos y de despidos de trabajadores estatales. Tras la caída a fines de 2025 de las facultades delegadas que le había otorgado el Congreso de la Nación al mandatario libertario, la Casa Rosada prepara ahora un nuevo proyecto de ley para avanzar en una profunda reforma de los organismos públicos con un único objetivo: profundizar el ajuste por medio del cierre dependencias y el despido de miles de trabajadores.
La redacción del proyecto está de Sturzenegger y busca recuperar por vía legislativa las eliminaciones, fusiones y transformaciones de entes que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos delegados en 2025. En el Gobierno aseguran que el nuevo esquema no se limitará necesariamente a reponer el decreto inicial y admiten que podría incluir más organismos. Nación ya no puede impulsarlo por decreto porque se le vencieron las facultades delegadas que habilitaban la reestructuración de organismos. “Va a ser una revisión integral”, expresaron fuentes ibertarias a TN. El año pasado, gracias a las facultades delegadas, Milei había dispuesto por ejemplo la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, del INAFCI y del INASE; y la transformación del INTI, el INTA, el INV y el INPI.
La avanzada de Milei y Sturzenegger va en línea con el plan que sostienen desde el inicio de la gestión de avanzar a toda velocidad la reducción del empleo público. El último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con datos a febrero de 2026, sostiene que desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que equivale a una baja del 13% del total. El mismo documento marca una reducción del 18,5 % en la Administración Pública Nacional y del 13% en la APN descentralizada, que es donde pone ahora parte de la lupa.
En el Ejecutivo evitan por el momento fijar una fecha de envío, advierten que el texto será remitido en los próximos meses y sostienen que antes buscarán ordenar otros proyectos en la agenda del Congreso, como la Ley Hojarasca y el paquete de propiedad privada. La estrategia oficial es no abrir una discusión de alta conflictividad hasta no tener definido el momento político y el volumen de apoyos que pueden reunir en Diputados y el Senado