El juez federal ordenó nuevas declaraciones en una investigación que apunta a un presunto esquema de direccionamiento de compras de insumos médicos dentro del Programa Incluir Salud, con participación de funcionarios y empresas del sector
El juez federal Ariel Lijo dispuso la ampliación de la declaración indagatoria de Diego Spagnuolo en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida fue adoptada en los tribunales de Comodoro Py, tras considerar acreditado un grado de sospecha suficiente sobre un esquema que habría manipulado contrataciones públicas en beneficio de empresas privadas y en perjuicio del Estado, con la participación de funcionarios y actores del sector sanitario.
La medida se formalizó en abril de 2026, en el marco de la causa donde el magistrado consideró que existe el grado de sospecha necesario para avanzar en el proceso penal. Según el documento judicial, se trata de una estructura que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con el objetivo de direccionar contrataciones públicas en beneficio de empresas privadas y en perjuicio del Estado. El foco de la causa está puesto en el funcionamiento del Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, que brinda cobertura a personas con discapacidad sin otra asistencia sanitaria. De acuerdo con la resolución, ese sistema habría sido utilizado como plataforma para montar un circuito de adjudicaciones irregulares de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia.
En ese contexto, el juez dispuso que Diego Spagnuolo vuelva a declarar el 28 de abril de 2026, mientras que también citó a otros nombres clave, como Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. Las audiencias se extenderán hasta fines de mayo e incluyen a más de 30 imputados, entre funcionarios y empresarios.
La investigación describe una presunta organización delictiva que habría manipulado procesos de contratación pública mediante un mecanismo de simulación de competencia entre oferentes. El expediente señala que se invitaba a un grupo reducido de empresas, algunas de las cuales cumplían un rol meramente formal para dar apariencia de legalidad, mientras que las adjudicaciones ya estaban previamente definidas.
Uno de los puntos más sensibles es el uso del sistema informático SIIPFIS, implementado en junio de 2024, que habría sido utilizado de manera direccionada para favorecer a determinadas firmas. Según la resolución, este mecanismo permitió canalizar compulsas de precios que terminaban beneficiando a proveedores vinculados con los propios integrantes de la maniobra.
El documento judicial también detalla el volumen económico involucrado. Solo en el rubro de medicamentos, se habrían generado órdenes de compra por más de 30 mil millones de pesos, con una concentración significativa en pocas empresas. Dentro de la estructura investigada, el rol de Miguel Ángel Calvete aparece como central. Aunque no era funcionario, habría actuado como articulador entre el sector privado y los funcionarios de la ANDIS, coordinando adjudicaciones, gestionando pagos y distribuyendo beneficios económicos. El expediente indica que percibía retornos que oscilaban entre el 12 y el 20 por ciento de los montos adjudicados.
En paralelo, se menciona que parte de esos fondos se habría canalizado mediante facturación simulada entre empresas o a través de transferencias y movimientos de dinero en efectivo. Incluso se registran operaciones vinculadas a firmas como Baires Fly S.A., utilizadas para justificar pagos bajo conceptos que no se corresponderían con servicios reales.
El juez también puso el foco en el rol de los funcionarios públicos, en particular, Daniel María Garbellini, responsable del área de acceso a servicios de salud, habría tenido intervención directa en la selección de proveedores y en la ejecución del esquema. Según la resolución, su posición le permitió operar en la asignación de contratos y en la firma de órdenes de pago. La causa también describe la existencia de pagos indebidos y entrega de dádivas. Entre los hechos mencionados, se señala que Miguel Ángel Calvete habría entregado dinero en efectivo a Diego Spagnuolo, además de saldar gastos personales, como parte de los retornos vinculados a las contrataciones direccionadas.
Además, se señala la presunta participación de múltiples empresas del sector de insumos médicos, que habrían actuado de manera coordinada.
En línea con lo publicado por Clarín, la ampliación de la indagatoria a Diego Spagnuolo marca un punto de inflexión en la causa, ya que busca profundizar su responsabilidad en la estructura investigada y esclarecer su rol como máxima autoridad del organismo durante el período bajo análisis.
Mientras avanzan las citaciones, la Justicia también ordenó la inhibición general de bienes sobre los imputados y varias empresas, en un intento por preservar activos ante eventuales responsabilidades penales y económicas.