Por la supuesta cesión irregular de tierras, el fiscal federal solicitó que se le imputen una serie de delitos al exgobernador, a la exministra y varios empresarios.
Se conoció en las últimas horas el pedido realizado por el fiscal federal Carlos Amad para que se le imputen una serie de delitos al exgobernador, Jorge Capitanich, y a la exministra Marta Soneira, en el marco de una presunta maniobra de cesión irregular de tierras fiscales a favor de un entramado de relaciones personales, empresariales y familiares. El representante del Ministerio Público sostiene que la investigación permitió reunir suficientes pruebas para avanzar en el procesamiento, al considerar que existió un esquema organizado que, bajo apariencia de legalidad administrativa, habría desviado recursos públicos en beneficio de particulares vinculados a los funcionarios.
Por Soneira, como exministra y expresidente del Instituto de Colonización, el representante del Ministerio Público pide que se la juzgue por fraude en Perjuicio de la Administración Pública, enriquecimiento Ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros crímenes.
Por el exgobernador Jorge Capitanich sostiene que también sería responsable de esas cuestiones contrarias a la ley y Amad también pide juzgar por lavado y evasión al esposo de Marta Soneira y a sus tres socios que fueron beneficiados con tierras fiscales.
Amad describe una operatoria reiterada: solicitudes con contenido similar, inspecciones simultáneas y resoluciones administrativas encadenadas que derivaban en la adjudicación de extensas superficies rurales. En varios casos, subraya, las inspecciones fueron realizadas el mismo día y con informes prácticamente idénticos, lo que refuerza la sospecha de un procedimiento previamente diseñado.
El dictamen también pone el foco en el rol decisivo del entonces gobernador Capitanich, quien, conforme la normativa aplicable, debía ratificar mediante decreto las adjudicaciones de tierras de gran extensión. Para el fiscal, su intervención no fue meramente formal, sino funcional al resultado final del proceso, al otorgar validez jurídica a actos que, en su origen, ya se encontraban viciados por conflictos de interés y desvío de poder.
ABSURDO LÓGICO
Respecto de Capitanich, que en su defensa sostiene que se judicializaron actos formales de gobierno, Amad señala que es obligación del máximo mandatario verificar a quién se entregan tierras públicas. “La obligación era custodiar los bienes del Estado y no dárselos a socios del esposo de una funcionaria, sostener que debe firmar “sí o sí” incluso ante irregularidades es, para la fiscalía, un absurdo lógico que no lo exime de responsabilidad pena”, señala un párrafo del escrito.
En su defensa, el exgobernador sostuvo que él confiaba en los informes técnicos de las áreas previas y que no podía controlar cada expediente.
La fiscalía refuta esto y señala que Capitanich y Soneira sabían que sus dependientes harían avanzar el expediente para facilitar la adjudicación irregular y afirma que el gobernador tenía el dominio del hecho y no podía ignorar que los beneficiarios eran socios del marido de su ministra.
Capitanich planteó que sus decisiones eran actos políticos no judicializables y Amad rechaza indicando que la teoría de los actos no revisables no aplica para el otorgamiento de tierras cuando se trata de allegados tan cercanos a funcionarios como el esposo de Soneira y que cualquier acto administrativo puede ser revisado si constituye un delito.
Por Soneira, entre otras cuestiones, la fiscalía sostiene que ejerció en forma simultánea el cargo de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Desarrollo Territorial, pero que al ser el primero sin goce de sueldo no implica un delito. Amad sostiene que el ejercicio efectivo de dos cargos incompatibles quedó acreditado y que el hecho de ser provisorio no la exime de las responsabilidades.