Los involucrados serán citados por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Se presume que las indagatorias finalizarán el 26 de este mes.
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entrará en una etapa de definiciones durante este mes con el inicio de una extensa ronda de declaraciones indagatorias. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi tienen previsto citar a un total de 35 imputados, entre los que se encuentran exfuncionarios del organismo, empresarios y proveedores de insumos críticos. Este cronograma de audiencias se extenderá durante las próximas semanas y se estima que finalizará el próximo 26 de mayo, marcando un hito en la profundización de la causa que busca desentramar una red de supuesta corrupción en contrataciones estatales.
Uno de los puntos más polémicos de la investigación se centra en la autenticidad de una serie de audios filtrados que originaron la denuncia inicial. Ante la sospecha de que estas grabaciones pudieran haber sido manipuladas o creadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial, el magistrado ordenó la realización de pericias técnicas especializadas. La tarea fue encomendada a expertos de la Gendarmería Nacional, quienes deberán analizar los archivos digitales en busca de ediciones, alteraciones de frecuencia o cualquier rastro de síntesis de voz que pudiera invalidar el valor probatorio de los registros.
Esta medida surge como respuesta directa a los planteos de la defensa del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo. El abogado Mauricio D’Alessandro cuestionó la validez judicial de las grabaciones al sostener que la tecnología actual permite generar audios fraudulentos que imitan voces humanas con extrema precisión. En consecuencia, el resultado de los análisis forenses de la Gendarmería resultará determinante para establecer si los diálogos filtrados constituyen una prueba legítima o si se trata de un montaje digital diseñado para comprometer a los investigados.
Mientras avanza el proceso de indagatorias y se aguardan los resultados técnicos, la Justicia decidió mantener la inhibición general de bienes sobre todos los imputados y las empresas involucradas. Esta restricción afecta principalmente a firmas proveedoras de prótesis, sillas de ruedas y medicamentos de alto costo que se encuentran bajo la lupa por presuntos sobreprecios y prestaciones irregulares. La medida cautelar tiene como objetivo principal garantizar que el Estado cuente con los activos necesarios para un eventual recupero de fondos en caso de que se comprueben las maniobras defraudatorias denunciadas.