El cruce entre la administración de Leandro Zdero y el diputado peronista escaló ayer con acusaciones y declaraciones calientes.
La polémica entre el gobierno provincial y el diputado nacional Aldo Leiva por la manera en que se adjudicarán viviendas construidas en General San Martín continuó avivándose ayer. Mientras que el presidente de Ipduv, Fernando Berecoechea, reiteró que las casas serán asignadas mediante un sorteo, el legislador peronista advirtió que recurrirá a la Corte Suprema para denunciar lo que considera un “estado de sitio”.
El conflicto tiene origen en que la administración de Leandro Zdero anunció que hará un sorteo “público y transparente” entre los aspirantes anotados para acceder a viviendas construidas en San Martín, en tanto que Leiva reclama que se respete una lista de adjudicatarios ya elaborada cuando el justicialismo gobernaba la provincia.
Ida y vuelta
Berecoechea, en un comunicado oficial, dijo que las 155 viviendas pendientes de adjudicación se asignarán por sorteo. “Todas las familias de San Martín tienen el mismo derecho a participar. No puede haber decisiones discrecionales de nadie, ni de amigos ni familiares”, dijo.
Leiva dice que solo intenta denunciar que hay un “estado de sitio” ilegal, ya que la Policía impide el ingreso de personas al barrio en obras. “Ante intentos de ocupación de las viviendas antes de su finalización el organismo avanzará con las denuncias correspondientes para que intervenga la Justicia”, expresó un comunicado del gobierno. Leiva, en tanto, replicó que al propio Berecoechea “se le adjudicó un departamento bajo los términos de la misma resolución por la cual aquí se han adjudicado viviendas a familias que no tienen un techo propio”.
“Hoy en General San Martín se vive un auténtico estado de sitio donde las personas son interrogadas y obligadas a identificarse sin el más mínimo fundamento”, añadió. Leiva anunció que concretó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y que acudirá “a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la gravedad institucional” de los hechos.