Federico Berecoechea deploró los hechos ocurridos en San Martín el fin de semana. Confirmó que las casas se sortearán.
El presidente del Instituto de Vivienda, Fernando Berecoechea, criticó ayer la “soberbia y prepotencia” del diputado nacional Aldo Leiva, que el fin de semana buscó romper la custodia policial dispuesta para evitar usurpaciones de viviendas que se están terminando de construir en General San Martín. Leiva, a su vez, reitera que su cuestionamiento es por el “estado de sitio” que impide circular por todo el predio del nuevo barrio. Berecoechea, en declaraciones a NORTE TV, dijo que la obra “tiene custodia policial porque hemos tenido varios intentos de usurpación”. Y dio la versión oficial sobre el conflicto suscitado por 238 viviendas que el gobierno quiere sortear, mientras que el peronismo pide que se respete una lista de preadjudicatarios elaborada cuando el PJ gobernaba la provincia.
Retirada polémica
Berecoechea dijo que en el final de 2023, cuando se retiraba el gobierno de Jorge Capitanich, la administración peronista realizó un sorteo en San Martín para que decenas de familias quedaran como postulantes para viviendas en construcción, y que al asumir en el Ipduv tomó conocimiento de que había una lista de beneficiarios que estaba firmada por Mauro Leiva, intendente de la localidad e hijo de Aldo Leiva.
Cuando se le apuntó que tanto el diputado Leiva como el legislador provincial Rubén Guillón afirman que ese listado tiene respaldo legal, Berecoechea marcó que ello no es así. Al respecto dijo que actualmente el Ipduv tiene habilitados tres modos de resolver adjudicaciones. Una es por sorteo entre todos los registrados en un padrón que se abre para cada localidad. “Ninguna de las 238 familias de San Martín son adjudicatarias de las viviendas, sino que son postulantes, y es algo importante de aclarar”, indicó. Berecoechea dijo que ahora se revisan los papeles presentados por todos los postulantes, para constatar si realmente están en condiciones de recibir casas del Ipduv.
El segundo de los tres métodos vigentes es por resolución del Directorio del Ipduv. “Tenemos la potestad de, ante alguna situación particular o de gravedad extrema, determinar que una familia sea adjudicataria de la casa”, dijo. La tercera opción es lo que se conoce como “lista de consenso”. Es cuando un intendente, un concejal o un vecino presenta al Concejo municipal un listado de familias postulantes, y si hay una ordenanza que la apruebe, se eleva la nómina al Instituto.
Berecoechea, en ese punto, remarcó que “ningún intendente, ningún concejal, ningún diputado provincial, ningún diputado o senador nacional puede definir quién es adjudicatario o preadjudicatario de una vivienda”, ya que “es el Instituto de Vivienda el único organismo que puede adjudicar viviendas construidas por el Estado”.
En cuanto al episodio del fin de semana con Leiva, en San Martín, dijo que el legislador le dijo “que él es diputado nacional, que puede entrar adonde él quiera y que yo no tenía autoridad suficiente para impedírselo”. De paso, aclaró que el dispositivo policial cuestionado por Leiva se debe a que las viviendas no están concluidas. “Cuando una obra está en construcción, hay materiales sueltos, hay alambres, hay clavos, hay pozos abiertos, hay conexiones eléctricas, y puede ocurrir un accidente. Entonces cualquier persona ajena a la obra puede generar un problema legal tremendo”, dijo.
A eso sumó que los antecedentes de intentos de usurpación generan el temor a que haya nuevas tentativas. “Yo tranquilamente puedo presumir de que se iba a producir otra usurpación, y luego dependemos de la actuación de la Justicia, que tiene tiempos distintos a los de nosotros”, aclaró.
Barrios “virtuales”
Berecoechea dijo que un elemento más que se agregó a los problemas relacionados con la cuestión habitacional es que en el “operativo retirada” del gobierno de Capitanich, cuando luego de las elecciones de 2023 ya se sabía que no iba a seguir en el mandato y se acercaba la renovación de diciembre, “se entregaban actas de ocupación, y les decían a las familias en un párrafo del acta que pasados diez días de la presentación de ese documento, si no ocupaban la vivienda perdían el derecho sobre ella. Eso hizo que mucha gente, por desesperación, entrara en viviendas que no estaban terminadas. Esto también pasó en General San Martín, y en Resistencia”, recordó.
Como ejemplo citó que en octubre de aquel año, un mes después de los comicios, “hacen un sorteo de 130 viviendas, sin que las obras estuvieran siquiera empezadas en algunos casos. Cuando asumo la gestión, en diciembre, yo tenía 130 familias en mi oficina haciendo fila, diciendo: “Yo fui sorteado, dame la casa”, y yo les tenía que decir: “Pero no está el barrio, sortearon algo que no existe””.
“Lo más importante de San Martín, más allá de lo lamentable del hecho, de la soberbia y la prepotencia del diputado (Leiva), amparado en sus fueros, que es una práctica habitual en su carrera política, es que pudimos resolver un posible conflicto que podría haber derivado entre vecinos y policías”, evaluó.
Leiva con Peche
Leiva, en tanto, mantuvo el martes por la tarde una reunión con el ministro de Gobierno, Carim Peche, para hablar del tema. El legislador acudió al encuentro acompañado por su hijo, Mauro Leiva, actual intendente de San Martín. Allí el diputado nacional pidió que se respete la lista elaborada por la gestión peronista y que no se realice el sorteo anunciado por el Ipduv.
El diputado también acudió al Superior Tribunal de Justicia, donde habló con el ministro Néstor Varela y presentó una nota denunciando una “grave violación a la Constitución Nacional y a la autonomía municipal” por parte del gobierno provincial.