El máximo tribunal debe resolver el recurso del Gobierno contra la Ley de Financiamiento. Podría expedirse en el próximo acuerdo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de dictar sentencia en la causa que enfrenta al Estado nacional con el sistema universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Las expectativas ahora están puestas en la próxima reunión de acuerdos del tribunal.
El conflicto se originó a partir de la implementación de la norma, que el Gobierno objetó tras vetarla parcialmente en 2025 y volver a cuestionarla luego de que el Congreso insistiera con su sanción. La postura oficial sostiene que la ley no precisa con claridad de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para sostener su financiamiento.
La legislación establece, entre otros puntos, la actualización automática de partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios. Sin embargo, su aplicación fue acotada en la Ley de Presupuesto 2026 y mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. Como respuesta, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte argumentando que la aplicación de los artículos centrales de la norma podría generar un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
En paralelo, las universidades impulsaron un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta tanto la Corte resuelva, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Gobierno no está obligado a realizar esas erogaciones.
Fuentes judiciales señalaron que el tribunal podría rechazar el recurso sin analizar el fondo de la cuestión, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. De adoptar esa vía, quedaría firme la sentencia de Cámara que ordena transferir los fondos.
En este contexto, la discusión judicial coincidió con una nueva movilización universitaria en Plaza de Mayo. Desde el Gobierno nacional minimizaron la protesta y la calificaron como una “marcha política”. El presidente Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos sin realizar declaraciones públicas, aunque compartió mensajes en redes sociales en rechazo a la convocatoria.
Tras la manifestación, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó la presencia de dirigentes políticos y sindicales en la protesta y sostuvo que algunos sectores “buscan instrumentar una causa noble para sus propios fines”.