Daniel Acosta, representante legal de familias afectadas, habló en Radio Libertad y apuntó contra los controles del sistema sanitario. Aseguró que representa a tres familias con víctimas fatales y a otra cuyo familiar está internado en grave estado, con una pierna amputada.
El caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer investigada por haber ejercido ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco, sumó nuevas y duras declaraciones desde el plano judicial. Daniel Acosta, abogado de algunas de las familias afectadas, habló con Radio Libertad y marcó una diferencia clave: para él, no corresponde hablar de mala praxis.
“No es imputarle mala praxis. Mala praxis se le puede imputar a quien realmente tiene la ciencia del saber y el conocer del médico. Esta persona no es nada. Entonces no hay mala praxis”, sostuvo el letrado.
La causa investiga a Ojeda por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, luego de que se detectara que habría atendido pacientes en guardias de hospitales públicos utilizando la matrícula de otro profesional.
Tres muertes y un joven internado en estado gravísimo
Acosta afirmó que representa a tres familias con víctimas fatales y a una cuarta vinculada a un joven de 26 años, que permanece internado en el hospital Perrando en estado crítico.
“Está en estado gravísimo, pero gravísimo, con su pierna amputada. Situación que él todavía no sabe porque no despierta”, relató.
El abogado explicó que uno de los primeros casos que llegó a su estudio fue el de Lorenzo Blanco, fallecido el 21 de diciembre de 2025 tras haber concurrido dos veces a una guardia. Según dijo, la familia ya había pedido investigar la muerte antes de que estallara públicamente el escándalo.
Acosta también cuestionó demoras en el trámite inicial de la denuncia. Según relató, la presentación realizada por la familia de Blanco no habría llegado a Fiscalía hasta el 27 de abril, pese a haberse iniciado tras la muerte ocurrida en diciembre.
“Gracias a ustedes, a la prensa, a veces se destapan cosas que quieren taparlas”, afirmó.
El abogado sostuvo que muchas familias comenzaron a identificar a Ojeda recién cuando trascendieron su nombre y su imagen en los medios. “Decían: ‘¿Es esta la que le atendió a mi papá? ¿Es esta la que firmó el acta de defunción?’”, reconstruyó.
La lupa sobre el Estado: “Atendía adentro del hospital”
Uno de los tramos más fuertes de la entrevista apuntó directamente contra los controles estatales. Acosta rechazó que la discusión se limite a si Ojeda tenía o no contrato formal.
“Esta médica no atendía bajo una higuera. Atendía adentro del hospital, en la guardia del hospital. Le iba y le buscaba la ambulancia del hospital, sellaba y firmaba actas de defunción, firmaba planillas de guardia”, remarcó. Y agregó: “Ingresó gracias a alguien. Con la vista gorda de alguien”.
Para el abogado, el caso expone una falla institucional grave porque las víctimas acudieron al sistema público buscando atención médica. “Esta gente fue a buscar salud, fue a buscar bienestar, fue a buscar extender su calidad de vida. Terminaron dando muerte”, sostuvo.
“Somos vergüenza internacional”
Acosta describió el clima social en Quitilipi como de bronca, miedo y enojo. Afirmó que la comunidad se siente agraviada por lo ocurrido y pidió que quienes hayan sido atendidos por Ojeda se asesoren y denuncien.
“Los quitilipenses ahora estamos en pie de lucha. Queremos defender nuestra ciudad. Somos vergüenza internacional y nosotros no nos merecemos esto. Nosotros nos merecemos gente que nos cure y que nos cuide”, expresó.
Qué pena podría enfrentar
Consultado sobre una eventual condena, el abogado aclaró que la investigación recién comienza, pero señaló que si se acredita el ejercicio ilegal de la medicina con resultado muerte, la discusión penal podría escalar hacia una pena grave.
“La pena del homicidio arranca de 8 a 24 años. Tendríamos que ver cómo se combina la aplicación de la pena”, indicó.
Mientras tanto, la investigación penal avanza sobre la responsabilidad de Ojeda y también sobre una pregunta que atraviesa todo el expediente: cómo una persona sin título habilitante pudo ingresar, atender pacientes, firmar documentación médica y actuar dentro del sistema público de salud chaqueño.