El fiscal Marcelo Soto se inhibió de seguir interviniendo luego de que la defensa del intendente Bruno Cipolini impulsara una recusación. La decisión se produjo en plena investigación por las operaciones bursátiles cuestionadas dentro del Municipio y después de que el propio fiscal adelantara una posible imputación contra el jefe comunal.
La causa judicial que investiga las millonarias inversiones realizadas por el Municipio de Sáenz Peña en cheques de pago diferido sin garantía quedó sin fiscal : Marcelo Soto decidió apartarse formalmente del expediente luego de una recusación impulsada por el intendente Bruno Cipolini.
La inhibición quedó plasmada en una resolución firmada este 20 de mayo por el titular del Equipo Fiscal Nº3 de la Segunda Circunscripción Judicial, quien argumentó que correspondía apartarse para preservar la imparcialidad y evitar futuros planteos de nulidad.
El movimiento judicial ocurre en un momento especialmente sensible del expediente: días atrás el propio Soto había dejado abierta públicamente la posibilidad de avanzar con una imputación contra el intendente saenzpeñense, mientras la investigación intenta determinar responsabilidades por operaciones financieras que involucran más de $1.700 millones.
El detonante: una denuncia ante el Consejo de la Magistratura
En la resolución, el fiscal sostuvo que la recusación quedó configurada a partir de una presentación previa realizada por el abogado Juan Antonio Arregin, representante de Cipolini, ante el Consejo de la Magistratura contra el propio Soto. Según explicó, esa situación encuadra dentro de las causales previstas en el artículo 67 inciso 7 del Código Procesal Penal del Chaco, que establece el apartamiento cuando el magistrado o fiscal haya sido denunciado por alguna de las partes involucradas en el proceso.
“La finalidad de la previsión legal radica en resguardar la imparcialidad del órgano interviniente“, sostuvo Soto en el documento, donde además citó doctrina especializada sobre independencia judicial y objetividad del Ministerio Público Fiscal.
La resolución no solo dispone su apartamiento personal, sino también el del Equipo Fiscal Nº3 completo debido a la implementación del sistema SIGI, por lo que el expediente será remitido a la Fiscalía de Investigaciones Nº4.
Una causa que escala y ya roza al intendente
La investigación comenzó enfocada sobre las operaciones financieras realizadas desde el área económica del Municipio de Sáenz Peña y derivó en la imputación del secretario de Economía, Diego Landricina. La fiscalía sostiene que desde un usuario bursátil vinculado al funcionario se habrían ejecutado compras de cheques de pago diferido sin garantía de cobro, maniobras que terminaron exponiendo al municipio a pérdidas millonarias.
Sin embargo, la defensa de Landricina rechazó de manera tajante esa hipótesis y aseguró que el contador “no compró ni autorizó” operaciones de riesgo.
El abogado Marco Molero incluso anticipó que pedirá pericias informáticas para determinar quién utilizó efectivamente los accesos vinculados a la plataforma bursátil. En paralelo, la causa empezó a adquirir un fuerte voltaje político luego de que surgieran interrogantes sobre el nivel de conocimiento o eventual intervención de autoridades superiores del municipio.
Ese escenario derivó en el planteo de recusación impulsado por la defensa de Cipolini, especialmente después de que Soto admitiera públicamente que la situación procesal del intendente podía quedar bajo análisis.
El expediente seguirá en otra fiscalía
Con la inhibición ya formalizada, ahora será la Fiscalía de Investigaciones Nº4 la que deberá definir si acepta continuar con la investigación o si plantea diferencias de criterio ante la Procuración General.
Mientras tanto, el expediente sigue abierto sobre varios frentes: el origen de las operaciones bursátiles, el circuito interno de autorizaciones, la responsabilidad de funcionarios municipales y el vínculo con la Bolsa de Comercio chaqueña.
También continúan bajo análisis las facturas emitidas por Landricina a la entidad bursátil entre 2022 y 2025 y los mecanismos utilizados para modificar el perfil de inversión del municipio.