Si un padre o madre denuncia a un miembro de la Policía o del Servicio Penitenciario por una intervención ilegítima, sus hijos podrán acceder a un cobro mensual de $ 132.000.
El Estado provincial, a raíz de un programa creado por la Secretaría de Derechos Humanos, pagará una suma mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil a hijos de quienes presuntamente -palabra utilizada en el decreto- hayan sido víctimas de violencia institucional, es decir de intervenciones arbitrarias e ilegítimas de miembros de fuerzas policiales.
Según señala el Decreto al que accedió Diario Chaco , la “reparación” económica será inembargable y será retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque el mismo se hubiera cometido con anterioridad a este nuevo instrumento.
El “Programa de Reparación Económica a familiares de víctimas de violencia institucional” tiene como objeto brindar asistencia económica transitoria a los hijos de personas “víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo custodia de los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y/o penitenciarias de la Provincia del Chaco que hayan ocurrido dentro del territorio de la provincia”.
Detalla también el Decreto que cuando los destinatarios de la prestación sean personas menores de 18 años o personas con discapacidad, esta debe ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado.
Insiste el documento en señalar que los destinatarios serán los hijos menores de 18 años e hijos con discapacidad, de cualquier edad, de “presuntas” víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los miembros de la Policía de la Provincia del Chaco o del Servicio Penitenciario Provincial. Esto pone en evidencia que se podrá acceder al monto mensual, independientemente el estado en que esté la denuncia que cualquier persona haya realizado contra algún miembro de las fuerzas mencionadas.