Caso Axel: quieren conocer qué patrulleros estaban disponibles el día de la desaparición y dudan de las aptitudes de un potencial testigo

En la causa que investiga la desaparición de Axel González, ocurrida el 17 de mayo, abogados defensores presentaron una serie de solicitudes orientadas a revisar las actuaciones policiales en las primeras horas de la investigación.

Entre los planteos principales, los abogados defensores exigieron que se identifique formalmente a todos los peritos policiales que intervinieron en tareas clave, tales como la extracción y análisis de registros de cámaras de seguridad, el secuestro de imágenes, las planillas de Excel y la triangulación de llamadas telefónicas.

El objetivo expuesto es evaluar la idoneidad técnica de dichos peritos y garantizar que la recolección de pruebas no haya sufrido contaminaciones o irregularidades procesales.

 A la par de la identificación del personal técnico, los defensores requirieron que la Unidad Especial de Investigaciones informe la totalidad de los móviles policiales que prestaron servicio entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de mayo de 2026. La solicitud surge tras las declaraciones de jefes policiales que confirmaron que únicamente el móvil 414 poseía sistema GPS en funcionamiento y que varias unidades circularon sin ploteado institucional.

Según sostienen los profesionales de la defensa, la investigación se ha direccionado casi de forma exclusiva hacia los civiles indagados, omitiendo indagar sobre los recorridos de vehículos oficiales no identificados y sin rastreo satelital que circularon por zonas clave como Puerto Tirol y Fontana. 

En un segundo escrito presentado ante el Juzgado de Garantías Nº 3, defensores solicitó que se informe formalmente si se ha tramitado o peticionado la apertura de un expediente paralelo, secreto o reservado en relación con esta causa..  Por último, los abogados defensores cuestionaron las condiciones psicofísicas de Gabriel Lázaro, hermano de Ariel “Pavita” Lázaro, detenido en la causa.

A través de pedidos de informes dirigidos a la Sala XIII del Hospital Perrando, al área de Consumos Problemáticos y a la delegación de ANSES, buscan incorporar la historia clínica, tratamientos y beneficios previsionales por discapacidad del mencionado testigo.

La defensa fundamenta la medida en la necesidad de acreditar si la persona posee una capacidad restringida o problemas severos de adicción, advirtiendo que su testimonio podría ser viciado de nulidad o influenciado por terceros si no se evalúa adecuadamente su aptitud para declarar sobre los hechos. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *