La medida, que será por 180 días, comienza en el gobernador Gustavo Sáenz e incluye a ministerios, secretarías, organismos, entes y los contratados por agrupamiento político.
Los funcionarios del Gobierno de Salta tendrán congelados sus sueldos durante 180 días, comenzando por el gobernador Gustavo Sáenz, de acuerdo al plan de medidas que este lunes se dio a conocer desde el Grand Bourg.
Con el objetivo de hacerle frente a la crisis y el recorte de recursos por parte de Nación, el Gobierno provincial armó su propia agenda con reducción de gastos que le permitirá sostener el equilibrio fiscal y económico.
Entre esas medidas, sobresale la suspensión de aumentos de sueldos tanto para el gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios, como así también para los ejecutivos de organismos estatales, entes y sociedades del estado, y al personal de Agrupamiento Político.
El paquete de medidas fue anunciado este lunes por parte del ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, quien junto al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, brindará más detalles este martes en una conferencia de prensa prevista para las 9 en Casa de Gobierno.
Se supo que los funcionarios elevarán un pedido para que las autoridades del Poder Legislativo y Judicial adopten las mismas medidas de austeridad.
Las medidas que implementará el Gobierno provincial:
Disponer por el plazo de 180 días el congelamiento de las remuneraciones correspondientes a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, incluyendo organismos descentralizados y autárquicos, entes reguladores y sociedades del Estado; como así también a las personas designadas en agrupamiento político.
Constitución de una unidad de revisión de contratos con el objetivo de que las contrataciones realizadas en moneda extranjera puedan ser renegociadas en moneda nacional.
Congelamiento inmediato de vacantes y contrataciones personales.
Promoción de políticas de retiros voluntarios y jubilaciones.
Suspensión de las asistencias financieras a los municipios, salvo los casos que estén debidamente justificados y que sea imprescindible llevar adelante para el mantenimiento de los municipios.
Efectivización del control de gastos y se restringirá todo lo que tenga que ver con viáticos, viajes y gastos protocolares.
Suspensión de la adquisición de bienes de uso por el plazo de seis meses.
Congelamiento de la pauta publicitaria por el plazo de seis meses.
Suspensión de las licitaciones para la ejecución de obras públicas durante seis meses. Los alrededor de 200 proyectos que están en marcha tendrán prosecución hasta su finalización y continuarán los vinculados con el mantenimiento de la infraestructura y de servicios.