La paritaria docente universitaria volvió a caer sin acuerdo y los sindicatos redoblaron la presión sobre el Gobierno. Tras una nueva reunión que terminó sin entendimiento, las agrupaciones definieron una quinta marcha federal educativa para el jueves 15 de octubre, que a diferencia de las anteriores se realizará frente al Palacio de Tribunales.
En el encuentro, el Ejecutivo mantuvo la oferta que ya había presentado y ratificó que solo cumple con el aumento del 3% ordenado por la Justicia. Los gremios la rechazaron y sostienen que todavía falta una recomposición de alrededor del 35% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023. La negociación, que había comenzado el 1° de septiembre, terminó sin una nueva convocatoria.
La UBA lanza un paro escalonado de 23 días
Como antesala de la movilización, los sindicatos resolvieron paros para este viernes y el martes próximo. A esas medidas se sumó un planteo más contundente en la Universidad de Buenos Aires: los gremios ADUBA y APUBA anunciaron una medida de fuerza escalonada de 23 días, que comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre, con cese de actividades rotativo por facultad y dependencia.
«No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple», planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, quien apuntó a que tanto la Corte Suprema como el Congreso se pronunciaron en el mismo sentido. El dirigente confirmó además la convocatoria a la marcha del 15 de octubre. En la misma línea se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que llamó a «defender la universidad pública y el sistema científico nacional» ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Dos cálculos enfrentados y el Presupuesto 2027 de fondo
El nudo del conflicto está en cómo se mide la recomposición salarial. La posición oficial se apoya en el acuerdo del 10 de junio, que el Gobierno toma como referencia de una mejora del 35%, a la que suma el 3% ofrecido ahora, y argumenta que ya cumplió con las actualizaciones exigidas por la Justicia. Los gremios rechazan ese cálculo: sostienen que no se trata de fijar un porcentaje aislado, sino de aplicar el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, y estiman que todavía resta cerca de un 23% para empatar con diciembre de 2023.
La discusión salarial se superpone, además, con el debate del Presupuesto 2027. El proyecto enviado al Congreso fija $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, una cifra que los rectores consideran insuficiente y que, según el propio Gobierno, implica una suba nominal del 20,6% frente a la transferencia estimada para 2026. Las entidades universitarias cuestionan esa comparación por no descontar la inflación acumulada.