El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo del Tribunal del Mar

La Casa Rosada apunta a tratar el proyecto en Diputados este miércoles para reforzar las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas. El Ejecutivo analiza una votación por capítulos para conseguir los apoyos necesarios, mientras prepara alternativas jurídicas ante una eventual resolución adversa.

Javier Milei.

El Gobierno nacional busca acelerar el tratamiento de la denominada Ley Malvinas en la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar en su aprobación antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto para el próximo 28 de noviembre, sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, propone establecer un nuevo régimen de sanciones para las empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina. En la Casa Rosada consideran que contar con ese marco legal permitiría incrementar la presión económica y jurídica sobre el Reino Unido y los operadores comerciales del proyecto petrolero Sea Lion.

La intención de La Libertad Avanza es llevar el proyecto al recinto el miércoles. Sin embargo, ante las diferencias con bloques aliados y sectores de la oposición, el oficialismo evalúa impulsar una votación por capítulos para evitar que los artículos más cuestionados impidan avanzar con las disposiciones vinculadas a las sanciones.

El proyecto cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero todavía existen desacuerdos en torno al Título VII, que incorpora modificaciones electorales y penales relacionadas con la injerencia extranjera. Legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal y otros sectores dialoguistas plantearon la posibilidad de eliminar ese apartado o tratarlo por separado.

Desde el Gobierno se resisten a retirar completamente ese capítulo, aunque ofrecieron modificar su redacción. Entre los cuestionamientos aparecen las nuevas figuras penales y su posible impacto sobre la libertad de expresión. Si bien el oficialismo incorporó excepciones para la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses, las modificaciones no conformaron a todos los legisladores.

Un nuevo esquema de sanciones 

La propuesta busca reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, que contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años y sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas.

El nuevo esquema ampliaría las penalidades a distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales e incluiría multas calculadas según el valor de los barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos, inhabilitaciones y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.

La urgencia del Ejecutivo también está relacionada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Los expedientes todavía no tienen una resolución definitiva y el Gobierno pretende contar con herramientas legales más amplias para avanzar contra compañías, accionistas y proveedores.

La expectativa por el fallo del Tribunal del Mar 

En paralelo, el Gobierno sigue de cerca la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que recibió un pedido argentino para frenar las actividades de explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. Durante las presentaciones, la Argentina solicitó medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones e instalaciones productivas, restringir el uso de información obtenida durante la exploración, preservar el medio marino y evitar nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.

El desarrollo Sea Lion es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

La defensa argentina advirtió sobre los posibles daños irreparables que podría provocar la extracción de hidrocarburos sobre recursos no renovables. Por su parte, el Reino Unido rechazó los argumentos y solicitó que se desestimen las medidas, al cuestionar la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y la existencia de una urgencia que justifique su intervención.

Qué hará el Gobierno ante una resolución adversa 

La Casa Rosada también prepara alternativas jurídicas para continuar con el reclamo internacional si el tribunal de Hamburgo rechaza las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

El país inició un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la conformación de un tribunal de cinco árbitros. Ese organismo tendrá una función diferente a la del tribunal permanente de Hamburgo y deberá examinar su propia competencia y, si corresponde, resolver las pretensiones sometidas al arbitraje.

El Ejecutivo contempla tres escenarios para el 28 de noviembre: una resolución favorable, la concesión de medidas parciales o el rechazo del pedido argentino. En cualquier caso, el pronunciamiento no resolverá la cuestión de la soberanía sobre las islas, ya que ese tema no forma parte de las pretensiones sometidas a esta instancia.

Mientras tanto, el oficialismo buscará reunir los votos para avanzar con la Ley Malvinas en Diputados. La mesa política del Gobierno tiene previsto reunirse el martes 17 de noviembre, un día antes de la fecha que La Libertad Avanza pretende utilizar para llevar el proyecto al recinto.

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