El Poder Ejecutivo provincial presentó en las últimas horas a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco un proyecto de ley que busca fijar un marco regulatorio permanente para la actualización salarial de los trabajadores de la educación.
De aprobarse en la Legislatura, el esquema normativo comenzará a regir formalmente para los ejercicios presupuestarios a partir de 2027.
La propuesta establece la prohibición expresa de mecanismos de indexación automática por inflación, como cláusula gatillo, y supedita cualquier recomposición remunerativa a la disponibilidad efectiva de recursos en las arcas públicas.
SIN CLÁUSULA GATILLO, ASÍ SERÍAN LOS AUMENTOS PARA LOS DOCENTES
El proyecto presentado por el gobernador Leandro Zdero lleva el número 2332/26 y establece que no se aplicará cláusulas gatillo atadas únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En su lugar, se faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas junto al Ministerio de Educación a evaluar de forma periódica un conjunto de variables antes de disponer cualquier incremento.
Entre esas variables, se incluye la evolución de recursos, como el comportamiento de la Coparticipación Federal de Impuestos y transferencias de origen nacional, la recaudación propia; el impacto inflacionario y fiscal (medición del IPC en relación con la incidencia real del gasto en personal sobre el presupuesto total), y pautas nacionales (alineación con las proyecciones macroeconómicas informadas por el Gobierno Nacional en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal).
En el mensaje remitido a la Presidencia de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo sostiene que la propuesta toma como precedente la Sentencia Nº 70/26 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ratificó que la definición de las políticas y pautas salariales es una competencia exclusiva de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) en función de las posibilidades financieras reales de la provincia, y no una imposición matemática exenta de revisión presupuestaria.
Con el proyecto ingresado formalmente, la iniciativa tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria y pasará a estudio de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Educación.