Escándalo en Paraguay: cuáles son los delitos que se imputa a los banqueros de «Ueno Bank»

La Fiscalía avanza con las posibles responsabilidades penales de ocho directivos detenidos el martes. La investigación contempla tres posibles figuras delictivas: conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza y violación de las normas sobre libros de comercio. La investigación ya suma 2.200 páginas.

Los operativos de allanamientos en Paraguay y quien figuraba como dueño de la mayoría de las acciones, Federico Miguel Vázquez Villasanti

La investigación judicial sobre Ueno Bank avanzó este miércoles en Paraguay con el análisis de las posibles responsabilidades penales de ocho directivos de la entidad financiera que fueron detenidos el martes. La fiscal Nancy Salomón, coordinadora del equipo investigador, explicó que el Ministerio Público estudia distintas figuras delictivas, entre ellas conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza y violación de las normas sobre libros de comercio. La causa comenzó el martes y los investigadores trabajan sobre un expediente que reúne alrededor de 2.000 páginas de documentación.

Los detenidos son Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. Se trata de integrantes de la conducción de Ueno Bank, cuya situación quedó bajo investigación después de la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) y el inicio del procedimiento de resolución de la entidad. La Fiscalía busca establecer qué decisiones se tomaron, cómo se realizaron determinados movimientos financieros y si existieron responsabilidades individuales o de otras organizaciones.

Para avanzar con la investigación, el Ministerio Público recibió del BCP un documento de más de 200 páginas, acompañado por anexos que elevan el volumen de la documentación a unas 2.000 páginas. Los fiscales realizan un análisis técnico y jurídico de esos antecedentes para determinar si las irregularidades detectadas pueden encuadrarse en delitos económicos. Salomón aclaró que la causa todavía es incipiente y que el trabajo consiste en examinar las distintas operaciones y avanzar progresivamente sobre cada una de las hipótesis.

La fiscal Nancy Salomón, que lidera la investigación sobre Ueno Bank.

Entre las posibles figuras penales mencionadas por la fiscal aparecen la conducta indebida en situaciones de crisis, la lesión de confianza y la violación de la obligación de llevar libros de comercio. No obstante, Salomón aclaró que todavía no existe una calificación definitiva y que las tipificaciones dependerán de los resultados del análisis documental. También anticipó que existen actuaciones reservadas y que no se descartan nuevos procedimientos a medida que se incorporen elementos a la causa. La investigación busca establecer si las conductas examinadas constituyeron delitos y quiénes tuvieron participación.

Uno de los principales condicionantes para la Fiscalía es el plazo legal que rige para las personas detenidas. Según la legislación paraguaya, los arrestados deben ser puestos a disposición de un juez competente dentro de las primeras 24 horas; de lo contrario, corresponde su liberación. Para los primeros detenidos, ese plazo vence este miércoles a las 14. Salomón anticipó que durante la mañana se adoptarían decisiones concretas y que el equipo procuraba reunir la mayor cantidad de información antes de presentar una carpeta de investigación sólida ante la Justicia. La fiscal también indicó que cinco personas trabajaban en la distribución de las tareas para cumplir con los tiempos procesales.

La investigación podría ampliar su alcance si el análisis de los movimientos financieros revela responsabilidades que excedan a los integrantes del directorio de Ueno Bank. La propia Salomón señaló que los fiscales estudian posibles intervenciones de otras entidades y que las irregularidades ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público. Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial, sin una imputación definitiva sobre los ocho detenidos. El desafío de los investigadores será transformar el volumen de documentación recibido en elementos concretos que permitan determinar si hubo delitos, quiénes participaron y cuáles fueron las consecuencias de las operaciones examinadas.

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