La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Capitanich y Soneira por la causa de tierras fiscales

La Justicia ratificó los procesamientos del exgobernador, la exministra y otros tres imputados por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en Chaco. Además, revocó el procesamiento de Nelson Pochón, descartó la acusación por lavado de activos y dispuso que la causa pase a la Justicia provincial una vez que la resolución quede firme.

Marta Soneira y Jorge Capitanich dos de los exfuncionarios investigados-imagen de archivo

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos del exgobernador Jorge Milton Capitanich, la exministra Marta Elena Soneira y otros tres imputados , en la causa que investiga una presunta maniobra de defraudación al Estado mediante adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en el departamento Almirante Brown, durante la anterior gestión provincial. El tribunal rechazó las apelaciones de las defensas, aunque revocó el procesamiento de uno de los empresarios involucrados, descartó mantener la calificación de lavado de activos y confirmó que el expediente deberá continuar en la Justicia provincial del Chaco cuando la resolución adquiera firmeza.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Capitanich y Soneira por la causa de tierras fiscales

La decisión, firmada por las juezas Rocío Alcalá, Patricia Beatriz García y María Virginia Ise , revisó el fallo dictado el 16 de julio de 2026 por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que había procesado a seis personas por su presunta participación en un esquema de adjudicaciones de tierras fiscales.

En el caso de Capitanich, la confirmación del procesamiento fue resuelta por mayoría, con el voto favorable de Alcalá y García. Por su parte, Ise se pronunció en disidencia y consideró que no existían elementos suficientes para atribuirle una participación dolosa en los hechos investigados.

Quiénes continúan procesados y por qué delitos 

La Cámara confirmó el procesamiento de Jorge Milton Capitanich y Marta Elena Soneira  como presuntos coautores de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en concurso ideal.

En el caso del exgobernador, la investigación se centra en su intervención mediante la firma de decretos que ratificaron adjudicaciones de tierras fiscales superiores a 300 hectáreas.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Capitanich y Soneira por la causa de tierras fiscales

Respecto de Soneira, quien se desempeñó como presidenta del Instituto de Colonización y posteriormente como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, el tribunal consideró que existen indicios suficientes para sostener provisoriamente su participación en los procedimientos cuestionados.

También quedaron confirmados los procesamientos de Mauricio Ariel Cian, Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone  por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Cian, pareja de Soneira, mantenía vínculos societarios y comerciales con Storti y Bessone a través de las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL, circunstancia que fue valorada por la Justicia al analizar la presunta maniobra.

Todos los procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva y no constituyen condenas.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Capitanich y Soneira por la causa de tierras fiscales

La presunta maniobra con 2.500 hectáreas fiscales 

La investigación se inició en mayo de 2024, a partir de una denuncia presentada por la entonces presidenta del Instituto de Colonización, Ana María Canata, por presuntas irregularidades en adjudicaciones de tierras públicas.

Uno de los principales puntos examinados por la Cámara corresponde a dos fracciones contiguas de 1.250 hectáreas cada una, que conforman una superficie de 2.500 hectáreas , ubicadas en la zona de Pampa del Infierno, departamento Almirante Brown.

Según la resolución, Federico Storti y Leandro Bessone iniciaron sus solicitudes de adjudicación el 16 de octubre de 2020, a las 8, mediante expedientes que presentaban importantes similitudes.

Los proyectos coincidían en sus objetivos, justificaciones, planes de trabajo e incluso en sus presupuestos, elementos que fueron considerados indicios de una posible actuación coordinada.

Además, los magistrados señalaron inconsistencias entre la información presentada por los solicitantes y los registros oficiales.

Entre ellas, se identificaron declaraciones sobre la inexistencia de tierras propias que no se corresponderían con los antecedentes patrimoniales incorporados a la causa. También se detectaron diferencias entre la cantidad de empleados declarados en los proyectos y los datos suministrados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Cámara destacó que la falta de inmuebles propios constituía uno de los requisitos para acceder a las adjudicaciones fiscales. Las tierras fueron adjudicadas mediante resoluciones administrativas del 26 de febrero de 2023, posteriormente ratificadas mediante decretos suscriptos por Capitanich y Soneira.

Tierras adjudicadas a valores muy inferiores a los del mercado 

Otro de los aspectos analizados fue el posible perjuicio económico ocasionado al Estado provincial. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las adjudicaciones se habrían realizado a un valor aproximado de 50,56 dólares por hectárea , mientras que los precios de mercado tomados como referencia para la zona y el período oscilaban entre los 3.500 y 5.500 dólares por hectárea .

Sin embargo, la Cámara aclaró que la diferencia entre los valores fiscales y los precios publicados en sitios privados no resulta suficiente, por sí sola, para demostrar una manipulación de precios.

De todos modos, consideró que existían elementos para sostener provisoriamente la existencia de un perjuicio patrimonial al Estado, al haberse reconocido derechos sobre tierras públicas a personas que, según la hipótesis investigada, no reunían los requisitos legales para acceder a ellas.

En ese sentido, el tribunal entendió que la eventual defraudación no dependía exclusivamente de la diferencia económica entre los precios, sino también de la disposición irregular de bienes pertenecientes al patrimonio provincial.

El rol de Marta Soneira y sus vínculos con los adjudicatarios 

En relación con la exministra, la Cámara valoró su actuación en diferentes etapas de los procedimientos administrativos.

Según la resolución, Soneira ejerció funciones vinculadas con la administración de tierras fiscales y tuvo intervención en expedientes relacionados con personas que mantenían vínculos comerciales con su pareja, Mauricio Cian.

Los magistrados también mencionaron un permiso de ocupación otorgado a Leandro Bessone durante la gestión de Soneira al frente del Instituto de Colonización, que, según la Fiscalía, habría sido concedido el 23 de diciembre de 2021.

Para la mayoría del tribunal, estas circunstancias, analizadas junto con las irregularidades detectadas en las solicitudes, permitían mantener la sospecha sobre una intervención consciente de la exfuncionaria en los hechos investigados.

Por su parte, la defensa de Soneira había sostenido que su actuación se encontraba dentro de las competencias administrativas correspondientes y que no existían pruebas de una conducta defraudatoria ni de un perjuicio económico efectivo. No obstante, la Cámara rechazó su apelación y confirmó el procesamiento.

Capitanich seguirá procesado, pero una jueza votó en contra 

Uno de los puntos destacados de la resolución es la diferencia de criterios entre las magistradas respecto de la situación del exgobernador. Las juezas Rocío Alcalá y Patricia García consideraron que existían elementos suficientes para confirmar el procesamiento de Capitanich por su intervención en los decretos que ratificaron las adjudicaciones investigadas.

La mayoría entendió que esa intervención debía examinarse dentro del conjunto de circunstancias de la causa y no como un acto administrativo aislado. Sin embargo, María Virginia Ise votó por revocar el procesamiento y dictar falta de mérito .

En su disidencia, la magistrada sostuvo que la firma de decretos por parte de un gobernador, luego de la intervención de diferentes áreas técnicas y jurídicas, no permite concluir automáticamente que haya conocido las irregularidades o participado deliberadamente en una maniobra delictiva.

También señaló que no se habían identificado elementos concretos, como instrucciones impartidas, comunicaciones o relaciones con los beneficiarios, que permitieran sostener su conocimiento del presunto esquema.

Por ese motivo, consideró que correspondía hacer lugar a la apelación de la defensa. No obstante, su posición quedó en minoría y el procesamiento del exmandatario fue confirmado.

Revocaron el procesamiento de Nelson Pochón 

A diferencia de los demás imputados, Nelson Ariel Pochón obtuvo una resolución favorable de la Cámara , que revocó su procesamiento y dictó falta de mérito.

El tribunal consideró que su situación era diferente de la de Storti y Bessone, debido a que los expedientes administrativos relacionados con los inmuebles involucrados tenían antecedentes que se remontaban a 1996 y 1997.

Según los magistrados, no se identificaron falsedades, ocultamientos ni otras conductas concretas que permitieran vincularlo directamente con la presunta maniobra defraudatoria.

Además, señalaron que sus relaciones comerciales con otros imputados no resultaban suficientes, por sí solas, para atribuirle responsabilidad penal.

La falta de mérito no implica una absolución ni el cierre definitivo de la investigación, sino que establece que actualmente no existen elementos suficientes para mantener su procesamiento.

En la resolución de julio también se había dispuesto el sobreseimiento de Federico Gabriel Soneira y Diego Manuel Soneira, además de la falta de mérito para Sheina Marlene Waicman y Darío Osvaldo Giménez.

Descartaron el lavado de activos y la causa pasará a la Justicia provincial 

La Cámara también confirmó la decisión de excluir la calificación legal de lavado de activos, que había sido planteada durante la investigación.

La Fiscalía había cuestionado inicialmente esa exclusión, al considerar que la explotación económica de las tierras y la circulación de ganancias a través de empresas vinculadas a los imputados podían constituir una maniobra posterior de lavado.

Sin embargo, el tribunal tuvo por desistido el recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal y rechazó el planteo de la querella, que pretendía mantener esa calificación.

En consecuencia, confirmó la exclusión de la figura penal prevista en el artículo 303 del Código Penal. Esta decisión también tiene consecuencias sobre la competencia judicial. Al quedar descartada la hipótesis de lavado de activos y subsistir delitos vinculados con tierras y funcionarios de la administración provincial, la Cámara consideró que no existen fundamentos para mantener la causa bajo la órbita de la Justicia Federal .

Por ese motivo, ratificó la declaración de incompetencia material y dispuso que, una vez firme la resolución, el expediente sea remitido al juzgado o fiscalía competente del Poder Judicial del Chaco.

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