El Gobierno del Chaco resolvió aplicar exoneraciones por una maniobra que permitió pagar supuestas refacciones en escuelas que, según quedó acreditado administrativa y penalmente, nunca fueron realizadas. El caso involucra a exagentes del Ministerio de Educación y expone un mecanismo que funcionó mediante expedientes inexistentes en el sistema oficial, firmas y sellos falsificados y órdenes de pago que avanzaron pese a las irregularidades.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 2049/2026, firmado el 3 de septiembre por el gobernador Leandro Zdero. La medida alcanza a Ubaldo Fabián Núñez, María Isabel Torres, Alcides Arístides Bernal y Mauro Ariel Kalbermatten. Este último era el único de los cuatro que continuaba en actividad y fue directamente exonerado de la Administración Pública. En los legajos de los otros tres, ya fuera de actividad, se ordenó dejar asentado que les hubiera correspondido la misma sanción expulsiva.
Escuelas que negaron haber recibido las obras
La historia comenzó a quedar expuesta cuando directivos de distintos establecimientos desconocieron las firmas, sellos y trabajos que aparecían respaldando gastos realizados durante 2017.
El director de la UEP N°56 afirmó que su institución solamente recibía subsidios para el pago de salarios docentes y que el Ministerio no había realizado refacciones. Desde la EEP N°850 de El Sauzalito también desconocieron las firmas y sellos consignados en las actas y aseguraron que durante ese período tampoco hubo obras ejecutadas por Educación.
Otro testimonio particularmente contundente fue el del director de la EEP N°961, quien sostuvo que el establecimiento jamás había recibido las reparaciones consignadas en la documentación y explicó que los arreglos reales habían sido costeados por la propia comunidad educativa, padrinos de la escuela y la Municipalidad de Miraflores. Según dejó asentado, el monto que falsamente figuraba como invertido equivalía a cinco meses del presupuesto destinado al comedor escolar.
La pericia caligráfica incorporada al expediente determinó además que firmas atribuidas al entonces subsecretario de Infraestructura Escolar, César Gabriel Lemos, no habían sido realizadas por él, y que los sellos tampoco coincidían con los oficiales. Los peritos detectaron al menos tres sellos distintos y coincidencias de escritura entre presupuestos, facturas y documentación administrativa.
Un «circuito paralelo» para liberar fondos públicos
Las conclusiones del sumario son especialmente graves. La investigación administrativa describió la existencia de un «mecanismo organizado y reiterado para defraudar al Estado» mediante la simulación de refacciones escolares inexistentes.
Según el decreto, el procedimiento legal fue reemplazado por un circuito administrativo paralelo: se utilizaron expedientes que no aparecían registrados en el sistema del Ministerio y posteriormente se generaban órdenes de compra y de pago mediante el Sistema de Administración Financiera y Control, utilizando las claves funcionales de agentes involucrados para otorgar apariencia de legalidad a operaciones que carecían de respaldo.
El expediente reconstruye 79 órdenes de pago asociadas a supuestas tareas de refacción, mantenimiento, limpieza, desmalezamiento e instalaciones eléctricas o sanitarias en establecimientos educativos. Las actuaciones sostienen que esas obras no fueron ejecutadas.
La causa penal estableció además que proveedores del Estado presentaron proformas, facturas, disposiciones ministeriales y actas de conformidad apócrifas, con firmas falsificadas de proveedores, directores, funcionarios e inspectores. El decreto señala que la pericia atribuyó la confección de esos documentos a Mauro Kalbermatten, empleado del Ministerio, quien además tenía vínculos familiares directos con proveedoras involucradas en las contrataciones.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, Núñez, como director de Administración, autorizaba el avance de expedientes irregulares; Torres, desde Contrataciones, intervenía en las órdenes de compra; y Bernal, al frente del Departamento Contable, emitía y suscribía órdenes de pago. Con esas intervenciones, sostiene el decreto, se terminaron habilitando pagos correspondientes a obras inexistentes.
Ya habían sido condenados por la Justicia penal
El sumario administrativo no avanzó únicamente sobre sospechas. El decreto remarca que existe una sentencia penal firme por los mismos hechos.
Según el documento, Núñez, Bernal y Torres fueron condenados a dos años de prisión condicional, mientras que Kalbermatten recibió tres años de prisión condicional. Entre los delitos mencionados aparecen fraude contra la Administración Pública, falsificación y uso de instrumento público falso y violación de los deberes de funcionario público.
En el caso de Kalbermatten, el decreto destaca que fue condenado por falsificación de instrumento público, uso de documento público falso y fraude contra la Administración Pública en 79 hechos, además de otros 11 hechos vinculados al uso de instrumentos falsos y fraude.
El Estado buscará recuperar el dinero
El perjuicio económico inicial fue establecido en $5.243.717, correspondiente al valor de las erogaciones realizadas a través de los expedientes paralelos y la documentación falsa. Sin embargo, esa cifra corresponde a los valores originales de los hechos investigados.
Por eso, el Ejecutivo ordenó que el monto sea actualizado mediante índices financieros y tasas de interés, y determinó que los cuatro involucrados deberán responder solidariamente. También autorizó a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones judiciales necesarias para intentar recuperar el daño patrimonial ocasionado.
El decreto cierra así administrativamente una trama que tuvo como escenario recursos destinados a escuelas chaqueñas, con documentación falsificada para justificar obras que no existieron, mientras algunos establecimientos debían recurrir a la comunidad para conseguir reparaciones básicas.