El apoderado del Partido Justicialista (PJ), Jorge Alcántara y el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), fueron procesados junto a otras 16 personas, por presunta corrupción. La ironía del caso radica en que Alcántara ocupaba cargos importantes como ser la dirección de la carrera de abogacía, donde se instruía a los alumnos sobre las leyes vigentes, y del Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas.
En las últimas horas se dio a conocer la resolución judicial del magistrado, Aldo Alurralde, en donde dictó el procesamiento del apoderado del Partido Justicialista (PJ), Jorge Alcántara, y el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), Germán Oestmann, junto a otras 16 personas por presunta corrupción que implica el desvío de fondos públicos destinados a la institución educativa.
El procesamiento de Jorge Eduardo Alcántara, ex Ministro de Gobierno de Jorge Capitanich, por presunta corrupción ha generado un fuerte impacto e indignación ya que ocupaba cargos de relevancia en Uncaus como ser la dirección del Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas, así como la dirección de la carrera de abogacía, donde se instruía a los alumnos sobre las leyes vigentes. Y además, Alcántara, era presidente de las “Fundaciones Uncaus” y “Fundación Educación para Todos”.
Por otra parte, Alcántara, quien ostenta el cargo de apoderado del Partido Justicialista (PJ), y vinculado con la presunta organización ilícita que desviaba recursos hacia la Uncaus, actualmente es abogado defensor del procesado Daniel Fischer en la renombrada causa de lavado de dinero “PIMP” y del canal de televisión local, Canal 9, reconocido por ser a fin del ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
La investigación advirtió la triangulación de fondos a través de transferencias entre las organizaciones y hasta con algunos de los implicados que integraban una fundación y facturaban servicios a otras.
Esto quiere decir, que Oestmann y Alcántara habrían participado en una asociación ilícita cuyo objetivo era transferir fondos públicos recibidos del gobierno a fundaciones y empresas dirigidas por familiares y allegados.
Los delitos
Los delitos imputados incluyen fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, todos en concurso real.
“Muchas de estas operaciones no tenían respaldos administrativos o eran deficientes y, además, los balances de las fundaciones estaban auditados por los contadores de otra, por lo que el contralor era recíproco”, se explica en la resolución.
La investigación
El proceso judicial surgió a partir de la investigación que condenó, entre otros, al ya fallecido ex rector Omar Vicente Judis y a su hijo, Enzo Judis. En ese contexto, el fiscal apuntó a la relación personal que existía entre ellos y mencionó el trabajo de Oestmann como su abogado, y el rol de Omar Judis como secretario de Actas del Consejo Superior Universitario.
En el texto del procesamiento comunicado este miércoles contra el último rector de la universidad se hizo hincapié en la nueva etapa de la institución, destacando la “diversificación” de la actividad ilícita.
De acuerdo a lo determinado en las tareas realizadas por los investigadores, en estos últimos años surgieron más fundaciones y comenzaron a llevarse a cabo la comisión de otros delitos, como lavado de activos. Además, se hizo referencia a la aparición de nuevos actores, que se suman a los “sucesores” de Judis y a las fundaciones UNCAUS y Educación para Todos.
A partir de las pruebas recabadas, desde el organismo judicial indicaron que para el fiscal no hay dudas de que los investigados actuaron ilegalmente bajo el paraguas de la UNCAUS a través de ambas fundaciones que continuaron funcionando, sumadas a las nuevas, identificadas con los nombres “Sin Dolor” y “Recursos Naturales”.
“Las Fundaciones eran las personas jurídicas ideales para triangular dinero, ya que se rigen por un régimen legal distinto; no les es aplicable la Ley de Educación Superior; no cuentan con controles de su gestión por parte del Estado Nacional a través de sus diferentes organismos como la SIGEN, AGEN o el Ministerio de Educación; no son objeto de auditorías; y se encuentran exentas en materia impositiva, entre otros beneficios”, aseguró el juez, apelando al antecedente de la causa que terminó en la condena a Judis.