La cartera de Sandra Pettovello presentó la denuncia. Habla de contratos falsos y dinero que se cambiaba a dólares. El juez Lijo quedó a cargo de la investigación
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, presentó hoy una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py para que se investiguen presentan irregularidades en la contratación de personal en la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, que hasta la semana pasada estuvo a cargo de Pablo De la Torre, echado tras la polémica por las toneladas de alimentos a punto de vencer en depósitos que tiene el organismo.
Si bien la denuncia no es contra ninguna persona, sino que relata hechos, señala que De la Torre se quedaba con dólares que se cambiaban al cobrar contratos que la Secretaría hizo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La denuncia fue hecha en base a un relato que hizo ante las autoridades del Ministerio Federico Fernández, director general de administración de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.
“Que ante la gravedad de las afirmaciones y hechos relatados por el Director General de Administración de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, de las cuáles surgirían ´prima facie´ la eventual comisión de delitos de acción pública, radico la presente denuncia”, sostiene la denuncia a la que accedió Infobae y que presentaron Leila Gianni, subsecretaria Legal de Capital Humano, y el abogado Ariel Romano Ángel.
La denuncia señala que Fernández escuchó en un medio de comunicación que había una denuncia en su contra y se presentaba en el Ministerio para contar lo que había ocurrido y de lo que había sido testigo. Según señala la denuncia, Fernández participó l 24 de enero pasado de una reunión en la que estaban el ex secretario de coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, la jefa de Gabinete de la Secretaría de Niñez, Lucía Raskowsky, y el ex subsecretario de de administración de la Secretaría de Niñez, Agustín Sánchez Sorondo,
“Se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal. En dicha reunión el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de 50 funcionarios que ya estaban trabajando allí. El deponente tenía entendido que dicho nombramiento contaba con el aval de de la nombrada Lucía Raskowsky. Con motivo de ello se desvincularon a personas que eran directores de la gestión anterior para ´liberar cargos´”, relata la denuncia en la que se agrega que Keczeli dijo que esa no era posible hasta que se organice la estructura del ministerio.
La denuncia agrega que ante esa aclaración, Sánchez Sorondo planteó de hacer las contrataciones a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) pero que esas contrataciones tenían un tope de 1.300.000 pesos y el sueldo de los directores llega a los 2.500.000 pesos. Finalmente se acordó hacer contrataciones por tres meses y en marzo se comenzaron a cobrar esos contratos.
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Ariel Lijo, el juez que quedó a cargo de la denuncia (Foto Maxi Failla)
“Señala que el dinero que cobraron alguno de los consultores, era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros funcionarios de hecho con bajas retribuciones”, dice el texto según el relato de Fernández.
Y concluye: “Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre para saldar la del personal que nunca fue nombrado. Asimismo, el declarante quiso dejar constancia que la ministra Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular”.
La causa quedó radicada en el juzgado federal 4 de Comodoro Py, a cargo de Ariel Lijo, el juez propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De la Torre fue echado la semana pasada por la polémica de los alimentos. “A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”, informó el Ministerio.