El ex jefe de Gabinete declaró como imputado en el juicio por irregularidades en la administración del programa y el manejo de fondos.
Jorge Capitanich aseguró este lunes que “el Estado asignaba recursos para garantizar la gratuidad de la transmisión de los partidos”, lo que “era una atribución del Poder Ejecutivo Nacional” y que “fue una decisión política no judiciable”, al declarar como uno de los imputados en la causa conocida como Fútbol para Todos, en el juicio que se sigue ante el Tribunal Oral Federal 1.
Así, el el jefe de Gabinete de la Nación defendió el programa que llevó adelante el Gobierno de Cristina Kirchner, al tiempo que afirmó que el Estado y sus funcionarios no tienen ninguna responsabilidad penal en el caso. “La relación nuestra era con la AFA, y no teníamos ninguna vinculación con los clubes”, sostuvo.
En esa línea, exgobernador del Chaco expuso: “Para ser muy claro: Este contrato es asociativo. No implica de ningún modo subvención alguna ni subsidio. Lo que se adquirió fue un derecho, el derecho de trasmitir, para lo cual tenía que pagar. Y eso se hizo. Pretender asociar la responsabilidad de un funcionario con la transferencia hace imposible la administración del Estado”.
De ese modo, Capitanich buscó desligar a los funcionarios del Gobierno nacional del manejo del dinero que se transfería a la AFA y de allí a los clubes. “El estado contrata esos derechos y paga con lo cual su obligación se extingue con la transferencia correspondiente a la AFA”, afirmó.
“La relación nuestra era con la AFA; no teníamos ninguna vinculación con los clubes. Eso era una cuestión de la AFA. Los clubes tienen que responder ante sus asociados y las IGJ respectivas”, afirmó, y agregó: “Ningún Jefe de Gabinete podía tener injerencia en la administración de la AFA” ni tampoco de los clubes.
El juicio por la causa “Fútbol para Todos” comenzó el lunes pasado, con 14 personas investigadas, entre ex funcionarios nacionales, dirigentes del futbol argentino y empresarios- por incumplimiento de los fines del contrato en el programa dependiente de la entonces Jefatura de Gabinete, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado Nacional a cuevas financieras, mediante maniobras que se habrían dado entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.
Según la acusación que llegó a juicio, el contrato asociativo entre la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la AFA tenía como objetivos asegurar el acceso libre y gratuito de los partidos por televisión abierta a la población y el fortalecimiento económico de los clubes. El requerimiento de elevación a juicio indicó que este último aspecto -tal como surgió de la investigación- no sólo no se verificó, sino que, por el contrario los respectivos pasivos de los clubes se incrementaron sustancialmente, sin que en ese marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que mantenían con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La acusación remarcó que hubo incumplimiento relativo a cláusulas en las cuales la AFA se encontraba obligada a hacer auditorías en los clubes para fiscalizar el cumplimiento estatutario, por lo que las entidades deportivas debían, entre diversas acciones, llevar la contabilidad de cuentas patrimoniales de ingresos y egresos específicas para la actividad del fútbol profesional e invertir en obras de utilidad deportiva o cultural el remanente líquido que obtuvieran del fútbol, entre otros deberes.
La fiscalía señaló además maniobras fraudulentas de desvíos de fondos públicos mediante el cobro de cheques, a través de la AFA y mediante otras entidades.