Mientras crecen los rumores de que será expulsada de su bloque, la por ahora diputada libertaria continúa exponiendo detalles de la escandalosa visita a represores detenidos.
“Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”, escribió la por ahora legisladora libertaria en X.Luego, Arrieta lanzó varios tuits con los supuestos proyectos de su bloque para liberar a los genocidas. El sábado por la noche, la legisladora que viene de una semana muy controvertida con su bloque en Diputados mostró las conversaciones del grupo de WhatsApp e involucró a Lilia Lemoine. Luego de a serie de tuits, Arrieta denunció que sus pares de bancada buscan lograr la “impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad”, pero consideró: “No es la agenda del presidente Javier Milei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”. En qué consisten los proyectos filtrados por Lourdes Arrieta para liberar represores
Uno de los documentos filtrados es un decreto que, como tal, eventualmente debería llevar la firma del Presidente, que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito. “Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, dice el primer artículo del documento compartido por Arrieta.
La iniciativa propone que, vencido el plazo dispuesto en el decreto, opere “la extinción por insubsistencia de la acción conforme la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313″. El término deberá ser contado “desde la fecha de comisión del delito”.
El texto propone que el cómputo de los 25 años “se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes”.
Por otro lado, el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Sin embargo, el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25.
Según aseguran, los 20 años propuestos como plazo máximo “superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones (…)”.
