Familiares y amigos de la abogada Gabriela Casas se manifestaron este lunes frente al Poder Judicial tras su internación “involuntaria” en el área de Salud Mental. Gabriela, había denunciado previamente al Tribunal Superior de Justicia y a la defensora general Alicia Alcalá por malos tratos. Su hermano, Benjamín Casas, afirmó que “no debería estar ahí” , exigiendo su liberación y cuestionando la legalidad del procedimiento policial que llevó a su detención.
La controversia en torno a la internación “involuntaria” de la Dra. Gabriela Casa, abogada y defensora de derechos, ha desencadenado una serie de manifestaciones en las calles. Familiares y amigos se han congregado frente al Poder Judicial, alzando sus voces contra lo que consideran un acto de persecución.
La abogada, Dra. Gabriela Casas había denunciado al Superior Tribunal de Justicia y, en particular, a Alcia Alcalá, defensora del Poder Judicial, por presuntos malos tratos e irregularidades en su gestión. Esta situación ha puesto de aliviar la tensa relación entre la administración de justicia y los profesionales del derecho que osan cuestionar su funcionamiento.
Abogada Gabriela Casas, internada en Salud Mental
El pasado lunes 7 de octubre, un procedimiento que dejó a muchos atónitos se llevó a cabo en la vivienda de la empleada judicial. En medio de un ambiente de confusión y descontento, la Dra. Casas fue detenida y trasladada al área de Salud Mental sin la debida justificación. Benjamín Casas , hermano de Gabriela, fue testigo de la escena y narró su angustia al presenciar cómo su hermana era despojada de su libertad.
“No debería estar ahí. No hubo una orden legal. Nadie nos presentó un papel que indique quién dio la orden ya qué se debe”, explicó a NG Federal.
El operativo policial, que se ejecutó sin la presencia de una mujer oficial, ha sido catalogado como irregular. “Rompieron todo y se la llevaron sin presentar ningún papel. No había una mujer presente en el operativo”, continuó Benjamín, enfatizando la falta de protocolo en un procedimiento que debía registrarse por normativas claras. Este testimonio ha llevado a muchos a cuestionar la legalidad de la internacionalidad y las razones que motivaron a las autoridades a actuar de esta manera.
“Rompieron todo y se la llevaron sin presentar ningún papel. No había una mujer presente en el operativo”, indicó.
Desde su internación, Gabriela ha estado en un estado que ha levantado preocupaciones adicionales entre sus allegados.
Según Benjamín, “Gabriela está dopada, no la dejan que hable con nadie”.
Esta situación ha alimentado los temores de que su internación no solo es injustificada, sino que también puede estar diseñado para silenciar su voz y su lucha por la justicia.
El testimonio de Alfredo Gamarra , vecino de Gabriela, añadió una capa más a esta compleja narrativa. “Esto no es solo un mal procedimiento, es una represalia. Gabriela había denunciado irregularidades y parece que su internación es consecuencia de su valentía al hablar”, afirmó Gamarra, subrayando la naturaleza represiva de las acciones tomadas por las autoridades.
“Alcalá se convirtió en juez y parte en esta situación. Esto es inaceptable”, agregó, mientras varios asistentes se asentían con la cabeza, reflejando la preocupación generalizada en la comunidad.
El relato de cómo Gabriela llegó a ser internada se vuelve aún más sombrío cuando se consideran las denuncias que había presentado. “Alcalá dejó en el olvido una denuncia que hizo Gabriela sobre irregularidades administrativas. Ahora se siente que esto es una represalia”, explicó Gamarra. La situación plantea interrogantes sobre el abuso de poder y la capacidad de las instituciones para silenciar a quienes se atreven a desafiar sus prácticas.
“Ella había denunciado a su jefa administrativamente porque había irregularidades, el término se estaba venciendo y descubrió que estaba acajoneado. Nuevamente denuncia a la doctora Alcalá y desde ahí viene la represalia”, dijo el Alfredo Gamarra.
A medida que la comunidad exige justicia, el hermano de Gabriela reiteró su lucha por la verdad. “Todo lo que se hizo fue desmedido e injustificado. Ella no tiene ninguna base legal para lo que han hecho”, afirmó Benjamín, con la firme convicción de que deben ser escuchados. La falta de respuesta por parte de las autoridades judiciales solo ha alimentado la indignación de quienes claman por una resolución justa.