La Cámara de Casación ordenó que el ex mandatario provincial y ex embajador en Israel sea trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná. Había sido condenado a 8 años de cárcel por peculado y enriquecimiento ilícito
La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva contra el ex gobernador justicialista Sergio Daniel Urribarri (2007 – 2015). La medida regirá hasta tanto la sentencia que lo condenó por cinco causas de corrupción quede firme. Este expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que se concediera el recurso extraordinario federal presentado por su defensa.La decisión de la Cámara se conoció esta mañana. Fue a través de un escrito de 74 páginas. Casación revocó un fallo del Tribunal de Juicio que le había impuesto otras medidas restrictivas Urribarri estaba residiendo en Concordia. Ahí fue buscado por personal policial, que lo detuvo y luego lo conducirá a la Unidad Penal 1 de Paraná. En la inmediaciones de su domicilio se podía observar una ambulancia. Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que también fue condenado en la causa, será detenido pero en Paraná y luego lo trasladarán al mismo centro penal.“(Urribarri) ya está detenido. Y Aguilera también. Se están realizando las actas pertinentes”, confirmó a Infobae el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, minutos después del mediodía.El abogado defensor del ex gobernador, Leopoldo Cappa, adelantó a este medio que apelarán la decisión de Casación, aunque aclaró que este recurso “no suspende” la detención de Urribarri y su cuñado. En el fallo, Casación hizo propios los planteos de la Fiscalía sobre los riesgos de fuga que estaban latentes tras la sentencia y el encuadre que los tratados internacionales firmados por Argentina dan a las causas de corrupción.
“Encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”, expresó en su voto la vocal Marcela Davite. A este razonamiento adhirieron las otras dos integrantes del Tribunal, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.
Casación también apuntó a presuntas maniobras dilatorias de las defensas para postergar esta decisión. “Los condenados a través de sus abogados han dilatado el proceso con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad ex professo de no respetarla, indicadoras en sí del riesgo de frustración de los fines del proceso penal”, puntualizaron las juezas en la sentencia.