Ángel Fabián Constantino, intendente de Gilbert de licencia, fue condenado a 14 años y seis meses de prisión por el abuso sexual de tres empleadas municipales.
La Cámara de Casación de Concordia resolvió este lunes confirmar la pena del intendente de la localidad de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, por el abuso sexual de tres empleadas de ese municipio de Entre Ríos. El líder comunal, que está de licencia, fue condenado a 14 años y seis meses de prisión.
En marzo pasado, un Tribunal de Gualeguaychú condenó a Constantino por tres hechos de “abuso sexual simple y con acceso carnal, y abuso sexual con acceso carnal en la tercera denuncia reiterados, en concurso real”, y lo benefició con prisión domiciliaria en su vivienda, donde abrió una pollería y permanece con custodia policial y tobillera electrónica.
Tras el análisis de numerosas pruebas y archivos, y de cerca de 80 testimonios, incluidos los de las víctimas, peritos, testigos y psicólogos, el Tribunal entrerriano comprobó que se cometieron múltiples abusos al menos entre 2018 y junio del 2021.
Gilbert es una localidad de no más de 1.500 habitantes que está ubicada a unos 75 kilómetros de Gualeguaychú, en el sureste de Entre Ríos.
Algún tiempo atrás fue descrito por la fiscal de Gualeguaychú Martina Cedrés como un pueblo “chico, con pocas fuentes de trabajo”, lo que explicaría por qué “existió miedo” a declarar en contra del jefe comunal.
“Hay otras personas mayores de edad pero no quisieron radicar (la denuncia) porque es un pueblo y hay un miedo subjetivo de un juicio de valor, pero toda víctima tiene su tiempo“, explicó la funcionaria de la Justicia de Entre Ríos.
Cedrés también precisó que Constantino realizó actos de exhibicionismo, aunque no se pueden iniciar causas judiciales ya que no está tipificado como delito en el Código Penal.
Todo eso, consideró Cedrés, “da un panorama de su forma de manejarse con las mujeres: conductas sexuales sucesivas, intimidación y acoso”.
Mientras avanzaba la investigación en su contra y pesaban sobre él las medidas restrictivas, Constantino se acercó a las víctimas en varias oportunidades, por lo que permaneció 24 horas detenido el 26 de agosto de 2021 y llegó a juicio con prisión domiciliaria.
El ex intendente pidió licencia con goce de sueldo recién luego de que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, enviara a la Legislatura un pedido de intervención del Municipio; tras la condena solicitó la misma medida pero sin haberes.
Los abogados defensores Fabián Otarán, Mario Arcusín y Micaela Baptista apelaron la sentencia frente a la Cámara de Casación de Concordia y, previo al inicio del juicio, afirmaron que a su cliente “le habían hecho una cama, quizás por celos y para bajarlo de la política porque tiene atractivo sobre las mujeres, siempre tuvo auto y formación“.
“Según el Derecho Penal, todas las relaciones con menores de 15 son abusos con acceso carnal, de 15 a 18 se llama estupro y se supone que una menor de 18 años no tiene conciencia, y no entiende o le parece un juego, aunque ya sabemos que una de 12 tiene más conciencia que yo, de 66“, consideró el abogado Arcusín.
El Instituto de Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió “tajantemente” esas declaraciones, señalaron que “ningún profesional del derecho puede hacer apología del delito sexual, ni justificar conductas abusivas”, y exigieron la aplicación de la ley Micaela “para todos y todas las profesionales del derecho”.
El recurso de la defensa fue sopesado por los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación de Concordia que lo rechazaron y confirmaron la condena que había sido emitida en marzo de 2023.
Con esta decisión, comienza a correr el lapso para que la defensa recurra al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) para que analice la sentencia y que no sea considerada firme y de cumplimiento efectivo, lo que rechazaron desde la querella y la fiscalía.
La condena “fue muy correcta y apegada a derecho”, dijo a Canal Once el abogado querellante, Juan Ignacio Weimberg, y resaltó que permitió “llevarle mucha paz” a las víctimas, junto con la “visibilización y provincialización del tema”.