Además de la reforma laboral que enviara el Gobierno durante las sesiones extraordinarias, la discusión sobre la legislación y sus impactos en la economía tomaron nuevo impulso en las últimas semanas con un caso particular. Cuando un juzgado dictó una indemnización de $250 millones en favor de un mozo con 26 años de antigüedad vinculado a un restaurante. El caso abrió el debate sobre la sustentabilidad del régimen de indemnizaciones y sus efectos sobre empresas y aseguradora
El origen del conflicto reside en la forma en que la normativa laboral operó durante la emergencia sanitaria. La prohibición de despidos en el período de pandemia multiplicó el valor de las indemnizaciones en los juicios, al combinarse con el criterio judicial que consideró las propinas como parte del salario para el cálculo final. Ese enfoque arrojó, para el caso mencionado, un valor de $9,4 millones en 2020. A ese monto, el tribunal aplicó la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3% anual, una fórmula definida por el entonces Gobierno de Alberto Fernández, que resultó en la cifra actual de $250 millones.
Alarma empresarial
Este fallo reciente encendió alarmas en sectores empresariales y en el sistema de aseguradoras, al proyectar un posible efecto multiplicador sobre futuras sentencias. El fenómeno no resulta exclusivo de los despidos individuales. Operadores del sector destacaron que un proceso similar afecta a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), como lo evidencia la inhibición impuesta por la Superintendencia de Seguros de la Nación a una de las compañías de mayor peso en ese mercado. En esa oportunidad, el disparador fue la presión financiera de los juicios acumulados y sus actualizaciones, que absorbieron una porción significativa de los ingresos y complicaron la operatoria habitual de la asegurado
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) con base en datos aportados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, expuso que el universo de litigios laborales incluye un volumen extraordinario de expedientes. El stock de juicios por riesgos del trabajo alcanza los 308.082 casos actualmente en trámite. El segmento de despidos, la otra gran fuente de litigiosidad, suma 329.248 expedientes adicionales. Considerados de manera conjunta, el total de causas en curso por ambas vías judiciales trepa a 637.330 procesos pendientes de resolución.
En la última versión de la reforma se habría eliminado la limitación al financiamiento de los gremios y a su rol en la negociación de los convenios, pero sumó un fondo para despidos con aporte del sector patronal
La magnitud cobra otra dimensión al relacionar el stock de juicios con los asalariados registrados en el sector privado, que suman alrededor de 6,3 millones. La relación indica que los litigios pendientes representan cerca del 10% del empleo formal, proporción que inquieta a especialistas y destaca el peso del pasivo pendiente sobre las cuentas empresariales y el sistema judicial.
La legislación laboral vigente habilita mecanismos de actualización que, en el contexto inflacionario y con las reformas implementadas durante la emergencia sanitaria, transformaron el universo de pasivos judiciales en cifras de difícil cobertura. Las propias reglas utilizadas por la justicia en distintas jurisdicciones, incluyendo la capitalización de intereses y la indexación por inflación, generan montos “históricos” que comprometen la sostenibilidad de las empresas afectadas.
Amenaza a las empresas y las aseguradoras
Desde la óptica de quienes siguen la evolución de estos expedientes, la dimensión del stock de juicios amenaza el funcionamiento normal del sector asegurador y de múltiples empresas de servicios y comercio. Al respecto, se señalan que los sistemas de actualización aprobados o sugeridos en las normas actuales convierten en una deuda impagable la suma de pasivos judiciales acumulados.
La preocupación oficial y privada coincide en que la única forma de controlar hacia adelante esta problemática consiste en eliminar o acotar los elementos que potencian la litigiosidad, aunque ese enfoque solo impactaría en los casos futuros. Resta resolver cómo enfrentar el pasivo ya generado con las reglas que tensionan financieramente a los distintos actores.
