Un decreto al que accedió Libertad dispuso la salida del escribano Elías Eugenio José Lovey. El Gobierno dejó sin efecto un sumario administrativo y resolvió la remoción directa al tratarse de una autoridad superior sin estabilidad.
El Gobierno del Chaco resolvió remover del cargo al Subinspector General de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio (IGPJyRPC), Elías Eugenio José Lovey, tras considerar acreditados incumplimientos funcionales que derivaron en la intervención del organismo.
La medida fue dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, al que accedió Libertad, y deja sin efecto la designación realizada en 2014. La decisión se apoya en una extensa fundamentación jurídica y administrativa que concluye que, por su condición de autoridad superior, Lovey no se encuentra alcanzado por el régimen general del empleo público ni goza de estabilidad, por lo que la única sanción disciplinaria posible es la remoción.
El decreto explica que, tras informes elevados por la interventora del organismo, Marcela Adriana Pibernus, se había ordenado un sumario administrativo para investigar la conducta del funcionario. Sin embargo, la Dirección de Sumarios Administrativos de Casa de Gobierno devolvió las actuaciones al advertir que el cargo de Subinspector General está excluido del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública.
En ese marco, el Ejecutivo concluyó que no corresponde la aplicación de sanciones disciplinarias típicas, ya que ello violaría el principio de legalidad, y que la única vía válida es la remoción del cargo, conforme a doctrina reiterada de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Incumplimientos y consecuencias institucionales
Según el decreto, se encuentra “sobradamente acreditado” que Lovey no cumplió con las funciones previstas en la Ley 1903-C y su decreto reglamentario, especialmente aquellas vinculadas a la coordinación operativa del organismo y de sus delegaciones. Esa situación, señala el texto, generó consecuencias negativas en el funcionamiento de la Inspección, al punto de motivar su intervención formal a comienzos de 2024.
La normativa recuerda que el Subinspector General reemplaza al Inspector General en caso de ausencia y ejerce funciones jerárquicas, lo que refuerza la gravedad institucional de los incumplimientos detectados.
Lovey había sido designado como Subinspector General en 2014, con rango de Autoridad Superior, y posteriormente incorporado a planta permanente en otra categoría, quedando con licencia extraordinaria sin goce de haberes mientras ejercía la función superior. Esa condición fue central para definir el encuadre legal que habilitó la decisión del Ejecutivo.
El decreto cuenta con dictámenes favorables de la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Registrales y la Asesoría General de Gobierno, y fue dictado en uso de las atribuciones constitucionales del gobernador. La norma establece la baja inmediata de la designación de Lovey como Subinspector General de la IGPJyRPC y ordena su publicación sintetizada en el Boletín Oficial, además de las comunicaciones administrativas de rigor.