La falta de consenso político obligó al oficialismo a retroceder y volver al dictamen que fija la edad de imputabilidad en 14 años, con mayor respaldo parlamentario y ejes ya debatidos en 2025.
El Gobierno nacional resolvió retirar el proyecto de Régimen Penal Juvenil que había ingresado este lunes a la Cámara de Diputados y que proponía bajar a 13 años la edad de imputabilidad. La decisión se tomó a pocas horas del inicio del debate parlamentario, ante la falta de consensos necesarios para avanzar con ese punto central de la iniciativa.
Según confirmaron fuentes legislativas, el oficialismo optó por retomar el dictamen trabajado previamente en comisión, que establece la edad de imputabilidad en 14 años. Ese umbral cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y ya había permitido al Gobierno obtener un dictamen de mayoría durante el año pasado.
De esta manera, el texto que volverá a ponerse en discusión conserva varios de los ejes del régimen penal juvenil debatido en 2025, aunque con modificaciones clave respecto de la versión presentada recientemente por el Poder Ejecutivo.
Qué se mantiene del régimen penal juvenil
El dictamen que se reactivará mantiene la estructura general del régimen, con un esquema de sanciones progresivas según la gravedad del delito y la prioridad de medidas alternativas a la prisión. Entre ellas se incluyen programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño y tratamientos psicológicos.
La privación de la libertad quedará reservada exclusivamente para delitos graves y deberá cumplirse en institutos especializados, sin contacto con personas adultas.
Además, se incorpora de manera explícita la posibilidad de que el Estado nacional celebre convenios con las provincias para la implementación del régimen, un reclamo central de los gobernadores, que habían advertido sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en los distritos.
El punto que quedó afuera
El principal aspecto descartado es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, impulsada por sectores del oficialismo y contemplada en el proyecto enviado este lunes. Esa propuesta no logró respaldo suficiente, ni siquiera entre aliados como el PRO, que insistió en sostener el límite en 14 años.
El costo fiscal, un punto que sigue vigente
Pese al retiro del proyecto, el Gobierno decidió conservar uno de los ejes centrales de la nueva versión: la explicitación del costo fiscal y su financiamiento. Según el texto, la implementación del régimen penal juvenil demandará $23.739.155.303, que se cubrirán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Desde el oficialismo señalaron que el mayor impacto presupuestario no estará en la infraestructura, sino en los costos de funcionamiento, especialmente en la contratación de personal especializado como médicos, psicólogos y supervisores, considerados claves para el sistema.
Con este repliegue, el Gobierno busca destrabar el debate parlamentario y avanzar con una reforma que, aunque más acotada que la propuesta original, tenga posibilidades concretas de ser tratada y votada en el recinto en la próxima sesión.