Jorge Capitanich votó en contra, mientras que Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider votaron a favor de la baja de imputabilidad.
El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La votación cerró con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, luego de que el proyecto ya hubiera obtenido media sanción en Diputados.
La norma crea un sistema penal especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con procedimientos diferenciados y órganos específicos para su juzgamiento. Ahora, el texto deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo para su implementación.
Festejo oficialista y mensaje político
Desde el oficialismo celebraron la aprobación como un cambio de paradigma en materia de seguridad. La exministra Patricia Bullrich, impulsora del proyecto durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, defendió la reforma al afirmar que el Estado no puede “mirar para otro lado” frente al delito cometido por menores.
En el cierre del debate, sostuvo que la ley busca “orden, responsabilidad y justicia”, y reivindicó el endurecimiento del sistema frente a delitos graves. Incluso se realizó un minuto de silencio en homenaje a víctimas de hechos delictivos, lo que generó un momento de tensión en el recinto.
Objeciones del peronismo: presupuesto e inconstitucionalidad
El bloque peronista votó en contra desde el inicio y cuestionó tanto el enfoque punitivo de la reforma como su viabilidad presupuestaria. Según el texto aprobado, se prevé una partida de $23.700 millones para que las provincias adapten infraestructura y dispositivos específicos.
Senadores opositores advirtieron que ese monto resultaría insuficiente si se considera el costo de construcción de establecimientos especializados. También señalaron que la implementación podría generar conflictos judiciales.
Durante el debate, el senador chaqueño Jorge Capitanich alertó que sin recursos adecuados la ley podría transformarse en “letra muerta”. En la misma línea, otros legisladores plantearon reparos de constitucionalidad y anticiparon mayor litigiosidad.
El oficialismo respondió que la discusión no puede reducirse a una cuestión presupuestaria y sostuvo que las provincias deberán acompañar financieramente la aplicación del régimen.
Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil
La ley establece principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, que solo podrá aplicarse en delitos graves y por plazos limitados. Además, garantiza que los adolescentes no compartan espacios de detención con adultos y que cuenten con defensa técnica desde el inicio del proceso.
El sistema contempla medidas educativas, tareas comunitarias, reparación del daño y monitoreo electrónico, priorizando la resocialización. También otorga un rol activo a las víctimas, quienes podrán participar en audiencias y recibir asistencia jurídica y psicológica.
Para los menores inimputables, el texto prevé la intervención de la justicia civil con medidas de protección o tratamiento, y dispone la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.