Ignacio Moncy del Río y su socio Agustín Héctor Nuñez Selener fueron denunciados por al menos seis hechos. Aseguran que pedían dinero, invertían en chatarra de cobre y luego prometían devolver rendimientos millonarios a los inversores.
La Justicia de la Ciudad investiga una presunta estafa millonaria vinculada a un esquema de inversiones que prometía ganancias en dólares a partir del reciclaje y exportación de chatarra de cobre. Uno de los miembros de la sociedad es hijo de un funcionario de la Procuración del Tesoro de la Nación. En el expediente, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, fueron procesados Ignacio Moncy del Río y Agustín Héctor Núñez Selener. Ambos están acusados de haber montado una estructura de captación de fondos tipo piramidal, que terminó provocando un perjuicio económico estimado en más de un millón de dólares. Según la resolución judicial, los imputados ofrecían a inversores participar de un supuesto circuito comercial dedicado a la “compra, compactado y exportación de material ferroso”, sobre todo de cobre, que -según los imputados- se enviaba a países como China y Brasil para el tendido de cables.
A cambio de aportar capital, prometían rendimientos mensuales de entre 2% y 3% en dólares, e incluso llegaron prometer de un 8 y a un 10 por ciento, cifras que resultaban muy superiores a las que ofrecía el mercado financiero tradicional.
Para que el negocio pareciera legal, los acusados usaban una estructura que se presentaba como una financiera bajo el nombre “Vika Capital” o “Vika Financiera”, que incluso contaba con una página web donde ofrecía servicios para pequeñas y medianas empresas, como factoring, descuento de cheques y asesoramiento financiero. Además, hacían firmar a los inversores contratos de mutuo acuerdo y pagarés, en algunos casos ante escribanos o en oficinas físicas, para generar más confianza.
La investigación sostiene que el esquema tenía las características típicas de un sistema Ponzi o piramidal. En una primera etapa, los imputados cumplían con el pago de los intereses prometidos a algunos clientes.
En otros casos, esos pagos se realizaban incluso mediante entregas en efectivo en los domicilios de los inversores, que eran realizadas por personal de seguridad. “Ese cumplimiento inicial servía para que los clientes renovaran los contratos o aportaran sumas mayores”, explicaron fuentes judiciales.
Sin embargo, para la Justicia los pagos no provenían de una actividad comercial real, sino del dinero que ingresaba de nuevos inversores. El sistema comenzó a colapsar cuando el flujo de capital se redujo y los acusados ya no pudieron sostener las devoluciones.
Según el dictamen de procesamiento, los acusados empezaron a poner excusas y demorar los pagos, y se justificaban diciendo que tenían una imposibilidad de acceder a fondos porque sus cuentas en el exterior habrían sido bloqueadas por autoridades de los Estados Unidos.
La resolución también destacó que, mientras captaban inversiones, ambos imputados “atravesaban una situación financiera crítica”, mediante procesos de concurso preventivo y quiebra en curso. Para la jueza Paula Verónica González, ese dato fue importante porque demostraría que desde el inicio sabían que no estaban en condiciones de cumplir con las obligaciones asumidas.
Seis damnificados y más de un millón de dólares en juego
El expediente describe seis hechos concretos de estafa que habrían sido cometidos entre marzo de 2022 y comienzos de 2023. En uno de ellos, un inversor firmó un contrato por 55.000 dólares con un plazo de un año y una tasa del 2% mensual. Al vencer el acuerdo, el capital nunca fue restituido y también quedaron impagos los intereses.
Otro episodio involucra una transferencia internacional por 66.872,63 dólares realizada desde una cuenta del Banco de la República Oriental del Uruguay. El dinero fue enviado el 28 de noviembre de 2022, a las 16.35, a una cuenta bancaria radicada en Nueva York, en el Chase Bank, proporcionada por los imputados y vinculada a la sociedad “Cemet Consulting LLC”, cuyo titular sería un tercero identificado en la causa. El acuerdo consistía en que, una vez que estaba acreditado el dinero, los acusados entregarían el equivalente en efectivo en la Argentina. Sin embargo, después de confirmarse la transferencia, comenzaron a esquivar a sus clientes y el dinero nunca fue entregado.
La causa también analiza el caso de una inversora que llegó a aportar más de 300.000 dólares en distintas operaciones a lo largo de 2022, tras varias reestructuraciones de los contratos. Según la documentación incorporada al expediente, solo recibió una parte de los intereses prometidos y el capital nunca fue devuelto.
En otro de los hechos investigados, dos personas firmaron un contrato por 50.000 dólares con un interés mensual del 2%. Durante algunos meses cobraron intereses, pero el capital tampoco fue restituido al finalizar el plazo que habían pactado. El expediente también incluye operaciones en las que se entregaron distintas sumas de dinero que luego fueron reestructuradas mediante pagarés por montos mayores, sin que finalmente se concretara la devolución. En el último de los casos analizados, un inversor entregó 20.000 dólares y apenas recibió 2.000 dólares en concepto de intereses antes de que los pagos se interrumpieran.
De acuerdo con el cálculo de la fiscalía, el perjuicio patrimonial total es de 1.188.515,40 dólares. Debido a la magnitud del fraude, el juzgado dispuso además un embargo preventivo por 1.500 millones de pesos sobre los bienes y el dinero de los imputados. Este embargo es para una eventual indemnización civil a las víctimas, así como el pago de multas y costas del proceso.
La estrategia de la defensa que fue desestimada
Durante la investigación, la defensa de los acusados intentó desviar el foco hacia uno de los denunciantes. Se trata de una de las personas que inicialmente figuraba vinculada a la estructura financiera.
Los imputados sostuvieron en sus declaraciones que ese damnificado era en realidad el “ideólogo del esquema” y que ellos actuaban solamente como firmantes de los contratos, cobrando comisiones por seguir sus instrucciones. Incluso afirmaron que habría sido el principal beneficiario económico de la maniobra. Sin embargo, la jueza descartó esa hipótesis y consideró que los elementos reunidos en el expediente, como los contratos firmados, los movimientos de dinero y las comunicaciones incorporadas a la causa, permiten sostener, al menos en esta etapa procesal, que “Moncy del Río y Núñez Selener fueron quienes diseñaron y ejecutaron el ardid que permitió captar los fondos”.
“Abusándose de la confianza (…) consiguieron engañar a esos inversores para que efectuasen desplazamientos patrimoniales de montos superiores, renovación de contratos de mutuos al mismo tiempo que captaron nuevos inversores”, explicó la jueza.
“En el despliegue de ese accionar, tenían conocimiento de que no podrían afrontar la devolución del dinero, menos aún las ganancias prometidas. Sus situaciones patrimoniales y financieras deficitarias eran evidentes”, resumió.
“Los imputados actuaron con conocimiento de los elementos objetivos del tipo y con la voluntad de su realización. Han sido constantes los relatos de las víctimas sobre la actuación conjunta de Moncy Del Río y Nuñez Selener, con quienes se comunicaban de modo indistinto, conjunto o alternativamente”, cerró.
Con las pruebas reunidas hasta el momento, el juzgado consideró acreditada de manera preliminar la responsabilidad de Moncy del Río y Núñez Selener y dispuso su procesamiento por múltiples hechos de estafa. Pero los dejó en libertad hasta el juicio, que todavía no tiene fecha.
Quién es el padre de Ignacio Moncy, uno de los imputados
Uno de los datos que surgió alrededor del caso es el vínculo familiar de uno de los imputados con un funcionario del Estado. Fernando Moncy, padre de Ignacio Moncy del Río, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y mediador matriculado desde 1996.
Desde septiembre de 2025 se desempeña como director de Coordinación Técnica y Administrativa de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo.
A lo largo de su carrera ocupó cargos administrativos en distintos organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Educación, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto Geográfico Nacional. De acuerdo con la información disponible en el expediente, no aparece imputado ni vinculado formalmente con la maniobra investigada.