El decreto del Ejecutivo provincial estableció una sanción expulsiva para una trabajadora retirada del sistema de salud por incompatibilidad de funciones, mientras que otro agente fue sobreseído al comprobarse que no incurrió en falta administrativa.
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía administrativa de una ex agente del Ministerio de Salud Pública tras comprobarse que incurrió en incompatibilidad laboral durante su desempeño en el sistema público. La medida fue oficializada a través del decreto firmado el 17 de abril y alcanza a una trabajadora que ya no forma parte de la administración.
Según se detalla en la norma, la agente J.I.G. se desempeñaba en planta permanente con dedicación exclusiva, lo que le impedía ejercer otra actividad laboral. Sin embargo, la investigación determinó que mantenía en simultáneo un vínculo laboral en un centro terapéutico privado, lo que configuró una violación al régimen de incompatibilidades vigente.
El sumario administrativo concluyó que la trabajadora desarrolló tareas en ese ámbito desde 2012, primero en actividades artísticas y luego como terapista ocupacional, mientras continuaba en funciones dentro del sistema público de salud.
El decreto sostiene que esa situación contravino normas que prohíben ejercer actividades rentadas paralelas cuando se percibe la bonificación por dedicación exclusiva. Además, se remarca que la incompatibilidad se configura por el solo hecho del doble desempeño, independientemente de la intención o de la existencia de sanciones previas.
En base a esas conclusiones, el Ejecutivo resolvió registrar la sanción expulsiva de cesantía, que hubiera correspondido aplicar si la agente continuara en actividad, ya que se encontraba retirada desde 2019. Asimismo, se dispuso que el área de Recursos Humanos determine si existieron haberes percibidos de manera indebida durante el período investigado, con intervención de Fiscalía de Estado para su eventual recupero.
Un agente sobreseído
En el mismo decreto, el Gobierno resolvió el sobreseimiento de otro trabajador quien también había sido investigado en el marco del mismo expediente.
En su caso, se comprobó que la percepción de la bonificación por dedicación exclusiva se debió a un error administrativo en la carga de datos, sin que existiera dolo o incumplimiento de sus funciones. Por ese motivo, se dispuso el archivo de las actuaciones en su contra.
El decreto remarca que el régimen de incompatibilidades en la función pública busca garantizar el correcto funcionamiento del Estado y evitar conflictos de intereses, y que su incumplimiento configura responsabilidad administrativa. En ese sentido, se enfatiza que los agentes públicos tienen la obligación de conocer y respetar las normas vigentes, especialmente cuando perciben beneficios asociados a condiciones específicas de trabajo, como la dedicación exclusiva.