Denuncian una parálisis administrativa y deudas que superan los 100 días en el pago de prestaciones. Ante la falta de respuesta oficial, clínicas y farmacias inician acciones legales y apelan a la colaboración de la comunidad para garantizar la atención médica y el pago de salarios.
El relato oficial, que celebra el ordenamiento de las variables macroeconómicas, encontró un límite en la salud pública y privada. A pesar de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en el Congreso que la crisis con los prestadores del PAMI concluyó, la realidad en los pasillos médicos y en las salas de internación expuso un escenario de virtual cesación de pagos. La asfixia financiera a la obra social de los jubilados tensó al límite el funcionamiento de clínicas y farmacias a lo largo del país. Este ahogo puso en situación de quiebra a las empresas del sector, “en riesgo el empleo de todos los trabajadores, de las proveedoras y la continuidad de la atención médica” para la franja más vulnerable de la sociedad.
Para comprender la magnitud del descalce, es necesario observar la mecánica histórica de facturación, que hoy se encuentra rota. El circuito administrativo impone que los centros de salud facturen sus prestaciones el día 15 del mes siguiente al servicio brindado, para luego someterse a un proceso de auditoría que demora 45 días. Recién en el último día hábil de ese período se aprueba el importe, que finalmente se abona el día 15 del mes posterior.
Esta dinámica implica un plazo de cobro que oscila sistemáticamente entre los 85 y los 105 días. Bajo este esquema extendido, al momento de percibir los fondos, los sanatorios ya amortizaron con capital propio los salarios, los honorarios médicos y los insumos. Hoy, esa rueda financiera se detuvo. Sin embargo, ante la consulta de PERFIL, desde el área de comunicación del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, fueron tajantes: “Se deben solo los pagos / vencimientos de mayo. No hay deuda”.
Vaciamiento administrativo y parálisis de pagos
La interrupción de esta cadena de pagos, denunciada por las empresas y hospitales públicos, no obedece únicamente a una estrategia de contención de caja. Fuentes gremiales del PAMI denunciaron un vaciamiento de personal en la Gerencia de Administración de Prestaciones (GAP), específicamente en el sector de Auditoría. El desmantelamiento operativo incluyó la reasignación de técnicos y arquitectos a otras dependencias, y una invitación para que los empleados pidan su traspaso a distintas agencias.
La consecuencia directa de este vaciamiento es la paralización de los expedientes: hay prestadores que llevan más de dos meses sin auditorías bajo la excusa oficial de una “falta de presupuesto”. Sin este paso, no hay liquidación, y el impago se perpetúa.
Esta parálisis administrativa se agrava al analizar los montos que abona el organismo. El “Valor de la Cápita PAMI” actual se fijó en apenas $13.894,23 por afiliado. Si bien no todos los jubilados se atienden al mismo tiempo, el solo uso del sistema para una internación o intervención equivale rápidamente a unos USD 1.000, una cifra que expone la brecha con los ingresos de los prestadores. El descuido de la atención primaria lleva a que la prevención deje de existir y se multipliquen las atenciones de urgencia, un factor que promete colapsar el sistema.
El reclamo de los municipios y el impacto territorial
En este contexto, varios municipios consultados por este medio señalaron que la deuda con los hospitales de administración local también sufren este desfinanciamiento. A esto se suma un dato más preocupante: PAMI impuso topes para las prestaciones, lo que implica que los jubilados tienen que optar por la especialidad médica a la que atenderse o los medicamentos que comprar. Ante este panorama, algunos actores del sector consideraron que puede tratarse de un plan de asfixia para trasladar la responsabilidad a las provincias, como sucedió con la educación o la salud en la década del 90.
“Estamos asistiendo a un abandono de persona masivo ejecutado por planilla de Excel. El Gobierno nacional no está haciendo un ajuste, está practicando un exterminio de derechos básicos. El cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, la única clínica que garantizaba internación y alta complejidad a los jubilados de la zona, es la prueba de una asfixia financiera deliberada que deja a miles de abuelos a la deriva”, denunció el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, consultado por PERFIL.
Y remató: “Mientras la Nación celebra un superávit vacío, nosotros en Córdoba estamos en la trinchera: duplicamos la producción de nuestro Laboratorio de Especialidades Medicinales para que a ningún vecino le falte el remedio que el PAMI le quitó. El ajuste nacional hoy se paga con miedo, pero nosotros respondemos con gestión: no vamos a dejar solos a nuestros viejos ante esta catástrofe sanitaria”.
Deudas millonarias y medidas desesperadas en los sanatorios
El impacto de esta retención de fondos se verifica en los balances de los prestadores. Una clínica bonaerense documentó una deuda acumulada por parte del Instituto que supera los $1.271 millones. Este saldo en rojo agrupa facturas “vencidas y a vencer” de marzo, abril y mayo. El atraso encima choca contra la inflación, ya que los montos que la obra social adeuda de las liquidaciones de marzo y abril corresponden, en la práctica, a atenciones médicas que el sanatorio financió y ejecutó durante diciembre de 2025 y enero de este año.
Frente a la inminencia de un colapso y la imposibilidad de hacer frente a los salarios, el sindicato de la sanidad (FATSA) y dueños de algunas clínicas bonaerenses acordaron implementar un “bono solidario” optativo de $10.000. Este instrumento, que se pondrá en marcha en los próximos días, funcionará también como un elemento de presión social para visibilizar la “situación crítica” originada por la “falta de pago por parte del INSSJP – PAMI”.
Los directivos argumentaron la necesidad de “solicitar la colaboración de la comunidad” y afirmaron que lo recaudado será “destinado exclusivamente al pago parcial de los salarios del personal y de los profesionales médicos que sostienen las guardias”.
“Necesitamos sostener nuestros ingresos y nuestras familias mientras se aguarda la regularización de los pagos”, expresaron los trabajadores. Los sanatorios asumieron el compromiso de que “el importe será reintegrado por el prestador al afiliado, dentro de las 72 horas posteriores a la cancelación de las facturas adeudadas por parte del PAMI”.
Intimaciones legales y crisis en las farmacias
La desesperación financiera derivó en un endurecimiento de las acciones legales. Diversos centros médicos enviaron cartas documento a las autoridades del INSSJP e intimaron al pago en un “plazo perentorio de 48 horas” bajo apercibimiento legal de suspender los servicios. En estas misivas, los directivos advirtieron que, de no mediar una solución inmediata, tendrán que articular con el Instituto la “derivación de los pacientes internados”, debido a que alertaron que no podrán “proveer su atención por falta de insumos y médicos”. “Tampoco podremos abonar los haberes del personal si el instituto no nos abona las facturas”, concluyó el documento legal, al que accedió PERFIL.
A la retención de los recursos económicos se sumó el silencio oficial. Las autoridades de las clínicas denunciaron que los canales de comunicación del PAMI no dieron respuestas en los últimos meses. Los reclamos a través del Formulario Único de Contacto en la página web del organismo no arrojaron ningún número de expediente o código de seguimiento interno para rastrear el trámite. A este bloqueo de información se sumó la falta de respuesta a los correos electrónicos enviados a las áreas contables, donde los prestadores solicitaron detalles sobre el estado de liquidación de las facturas, señalaron desde las empresas de salud.
Este desfinanciamiento no se detuvo en los sanatorios, sino que afectó a la provisión de medicamentos. PAMI arrastra una deuda millonaria con las farmacias y las cámaras del sector alertaron sobre un atraso en los cronogramas de liquidación que amenaza con cortar el suministro de remedios en los mostradores. Las entidades alertaron que el Instituto mantiene impagos los saldos correspondientes a la primera quincena de marzo.
A esto se sumó el vencimiento de los anticipos de la segunda quincena de marzo y de la primera quincena de abril. La demora forzó a las farmacias a financiar el sistema con su propio capital de trabajo, obligándolas a reponer medicamentos a costos actualizados mientras perciben pagos con semanas de atraso.